Durante una reunión sostenido entre representantes de ONG y el fiscal general del régimen, Larry Devoe, las organizaciones le exigieron al funcionario el respeto estricto al debido proceso y la corrección de las fallas estructurales que permiten la impunidad en Venezuela.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, indicó que en el encuentro los defensores de derechos humanos enfocaron sus peticiones en el cese de la arbitrariedad y la recuperación de la legalidad constitucional.
Murillo reafirmó que «el debido proceso es el único medio para asegurar la realización de los derechos humanos en la actual coyuntura política».
El activista señaló que en la reunión las ONG expusieron y consignaron un pliego de propuestas esenciales para orientar la actuación del Ministerio Público bajo un enfoque de dignidad humana.
Con información de Efecto Cocuyo
Exigencias inmediatas para el sistema judicial
Para las organizaciones, la reconstrucción institucional del país requiere pasos urgentes que pongan fin a la arbitrariedad. Murillo enfatizó tres puntos críticos:
- Acceso a la justicia: Los tribunales deben recibir, sin dilaciones, toda solicitud de Habeas Corpus.
- Derecho a la defensa: El Estado debe garantizar que toda persona detenida designe a su abogado de confianza de forma inmediata.
- Cese de abusos: Resulta imperativo cortar la cadena de irregularidades que caracteriza el ámbito judicial actual.
«El único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en la Constitución», sentenció Murillo tras la reunión.
Diálogo y apertura institucional
Por su parte, el fiscal Larry Devoe calificó el encuentro como el inicio de canales de «comunicación directa» con las ONG. Además de Provea, asistieron representantes de Civilis, SurGentes y Cecodap, quienes recibieron la invitación para participar en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal.
Denuncias sobre adolescentes y detenciones
La jornada también contó con la intervención de Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, quien denunció el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes. Trapani alertó sobre las detenciones sin orden judicial y la limitación de contacto entre los arrestados y sus familias.
Este acercamiento ocurre en un contexto de fuerte vigilancia internacional sobre la gestión de Devoe, designado el pasado 9 de abril, y tras su reciente compromiso con el Comité Internacional de la Cruz Roja para reforzar la atención a la población carcelaria.
