El Observatorio Venezolano de Prisiones confirmó la muerte de Yonny José Bastidas Briceño, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I «Cipriano Castro», en Santa Ana, estado Táchira. Según la información difundida, Bastidas Briceño falleció durante junio a causa de una peritonitis aguda y otras complicaciones de salud que, denuncian sus allegados, no recibieron atención médica oportuna dentro del recinto.
El penal donde permanecía detenido alberga a más de 1.400 personas y opera con un nivel de hacinamiento que supera el 165%, una situación que organizaciones de derechos humanos han señalado de forma reiterada por sus efectos devastadores sobre las condiciones de vida de la población reclusa.
Con este caso, la cifra de personas fallecidas en centros de detención venezolanos entre abril y junio de 2026 asciende a 27, según los registros del OVP. El balance incluye las recientes muertes de Yosevet de Jesús Lozada en Rodeo III, Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite en Zulia, y Fabiana Desiree Páez Fernández, recluida en La Crisálida.
Con información de Monitoreamos
La organización recordó que su informe anual de 2025 documentó que el 95% de las muertes registradas en las cárceles venezolanas estuvieron relacionadas con la falta de atención médica adecuada. Un porcentaje que no admite interpretaciones: en Venezuela, enfermar en prisión es, con frecuencia, una sentencia de muerte.
El OVP fue contundente al señalar la responsabilidad del Estado: cuando una persona muere bajo custodia del régimen, este tiene la obligación de haber garantizado su integridad física, acceso a la salud, alimentación y condiciones dignas de reclusión. Veintisiete muertos en tres meses son la respuesta más elocuente sobre cómo el régimen venezolano cumple esa obligación.
