El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves que al menos 58 presos políticos en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, permanecen en aislamiento inhumano, sin acceso al sol, bajo castigos severos y sin criterios claros para su separación del resto de internos.
Familiares reportan deficiencias graves en la alimentación: menús de granos y arepas amarillas sin relleno, con solo dos comidas diarias para los aislados frente a tres para otros reclusos. En ocasiones, recibieron pescado mezclado con mortadela en mal estado, provocando problemas intestinales.
“Hemos recibido múltiples denuncias de intentos de suicidio, incluso con consecuencias graves en la salud”, alertó el OVP, que ha comunicado estos hechos a instancias internacionales y exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, cifra que Foro Penal ubica en 823.
Estas detenciones masivas ocurrieron tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde el ente electoral chavista proclamó a Maduro ganador pese a denuncias de fraude por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Desde 2014, Foro Penal ha documentado 18.486 casos de detenciones políticas, con 653 civiles, 170 militares, cuatro adolescentes y 91 extranjeros entre los actuales 823 presos.
Voluntad Popular (VP) exigió el martes conocer el paradero de su activista José Riera, desaparecido hace 45 días.
“No hay registro de su detención, no informan de su paradero y no sabemos si está con vida”, denunció el partido, que acusa al régimen de usar desapariciones forzadas como castigo.
Familiares han visitado fiscalías y cárceles sin respuestas, un silencio que VP califica como crimen de lesa humanidad.
“Maduro y su aparato represivo son responsables de este crimen”, afirmaron.
El aislamiento en Tocorón ha “quebrado el espíritu de muchos”, llevando a intentos de suicidio que agravan complicaciones de salud, según el OVP. Sin acceso al sol ni comunicación, estos 58 opositores —detenidos por protestar contra el fraude— sufren un castigo psicológico diseñado para aniquilar la esperanza. La ONU clasifica estas prácticas como tortura sistemática, violatoria de derechos humanos.
