El coordinador de Provea, Óscar Murillo, pidió al régimen de Delcy Rodríguez publicar información detallada sobre las personas privadas de libertad que han sido excarceladas desde el 14 de agosto y acelerar los procedimientos que aún están pendientes, ante la falta de claridad sobre el alcance de las medidas.
Durante una entrevista con Unión Radio, Murillo señaló que Provea ha confirmado hasta ahora 78 personas beneficiadas con medidas alternativas a la privación de libertad. Sin embargo, advirtió que la ausencia de información oficial consolidada mantiene en incertidumbre a familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
«Un anuncio que debe generar un alivio y debe generar un clima distinto de convivencia en el país se transforma después en una situación de incertidumbre y de falta de claridad porque se ratifica que hay una persistente política de opacidad y falta de transparencia en la rendición de cuenta de todos los procesos administrativos», afirmó Murillo.
Con información de Monitoreamos
Una plataforma que el régimen no quiere abrir
Ante esta situación, el coordinador de Provea planteó que el Ministerio del Servicio Penitenciario habilite una página web o registro público actualizado que permita consultar la situación de las personas privadas de libertad.
Según la propuesta, esta plataforma debería especificar quiénes han sido excarcelados, bajo qué condiciones se produjeron las liberaciones y cuáles casos continúan pendientes. Murillo consideró que esta medida permitiría a los familiares y a las organizaciones de derechos humanos verificar el avance de los procesos.
Asimismo, señaló que algunos de los excarcelados enfrentaron, según Provea, irregularidades relacionadas con el debido proceso. Por ello, sostuvo que cualquier avance en materia de derechos humanos debe estar acompañado de garantías para evitar que estas situaciones se repitan.
La Ley Antiterrorismo, en la mira
Por otra parte, Murillo confirmó que fiscales han comenzado a desestimar, en determinados casos, cargos y penas asociados con la Ley Antiterrorismo. A su juicio, este comportamiento constituye un precedente que podría abrir la puerta a futuras modificaciones o derogaciones de normas utilizadas en procesos contra personas privadas de libertad.
El activista insistió en que la publicación de información oficial y verificable es necesaria para conocer el verdadero alcance de las excarcelaciones y brindar certeza a las familias que aún esperan por la liberación de sus allegados.
