La ONG Provea denunció que, un año después de las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, que dejaron 25 fallecidos, el Ministerio Público no ha presentado avances en las investigaciones, perpetuando la impunidad en crímenes de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional (CPI). La masacre de San Jacinto, en Maracay, Aragua, donde siete personas, incluido un guardia nacional, fueron asesinadas el 29 de julio de 2024 por disparos de presuntos agentes estatales, es el caso más grave.
“No hay pronunciamientos sobre estas muertes”, afirmó Provea en X, exigiendo justicia para las víctimas: Rancés Daniel Yzarra Bolívar, Anthony David Moya Mantía, Jesús Gregorio Tovar Perdomo, Jesús Ramón Medina Perdomo, Gabriel Ramos, José Antonio Torrents Blanca y Andrés Alfonso Ramírez Castillo.
La masacre de San Jacinto
Human Rights Watch (HRW) y la Misión de la ONU confirmaron que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el ejército usaron armas de fuego, incluyendo fusiles, contra manifestantes pacíficos en San Jacinto, según análisis de 80 videos y 100 fotos. Yzarra Bolívar, ingeniero civil de 30 años, murió por un disparo en el pecho; las autopsias indican heridas de alta velocidad, según Provea. El informe de la ONU señala que las autoridades limitan información por miedo a represalias, obstaculizando la justicia.
Las 25 muertes, 24 de manifestantes y una de un guardia, ocurrieron principalmente el 29 y 30 de julio de 2024, en estados como Aragua (7), Caracas (8) y Zulia. Según Monitor de Víctimas, 8 fueron atribuidas a militares, 2 a policías, 6 a colectivos y 6 siguen sin responsables identificados. La falta de investigaciones viola protocolos internacionales sobre muertes ilícitas, que exigen sancionar a autores materiales y cadenas de mando, según Provea. El régimen de Nicolás Maduro, acusado de fraude electoral tras ignorar el 67% de los votos para Edmundo González, respondió con 2.501 detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, calificadas como crímenes de lesa humanidad.
Un clamor por justicia
María Corina Machado y González, en la clandestinidad y el exilio, denuncian que el régimen usa la represión para silenciar la verdad del 28J. HRW critica el “patrón de puerta giratoria”, con 853 presos políticos según Foro Penal.
La comunidad internacional, con sanciones al Cártel de los Soles y recompensas de 65 millones de dólares, presiona por accountability. Provea exige que se investiguen las cadenas de mando, incluyendo a los más altos funcionarios, para garantizar el derecho de las familias a la verdad. La resistencia venezolana, respaldada por actas electorales, lucha contra la impunidad en una Emergencia Democrática Compleja.
