La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes un recrudecimiento de la represión contra el periodismo en Venezuela, al advertir que entre octubre de 2024 y abril de 2025 se documentaron al menos 38 incidentes graves contra la libertad de expresión, entre ellos detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones físicas, amenazas y el cierre sistemático de medios de comunicación.
El informe, que será presentado en la Reunión de Medio Año de la SIP, afirma que el país atraviesa un “escenario de restricciones sistemáticas a la labor informativa”, donde se criminaliza el ejercicio del periodismo independiente y se utilizan herramientas del Estado para silenciar voces críticas.
Según el documento, la detención arbitraria de periodistas por cubrir manifestaciones o investigar temas sensibles se ha convertido en una práctica recurrente en Venezuela. El gobierno, señala la SIP, hace uso indebido del sistema judicial para criminalizar reporteros, mientras la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) mantiene su rol como brazo censor, cerrando emisoras y bloqueando portales informativos.
El contexto político posterior al fraude electoral del 28 de julio de 2024, agrega el informe, “intensificó la persecución contra trabajadores de la prensa”, con un incremento notable de detenciones durante la cobertura de protestas ciudadanas.
Medios cerrados y periodistas exiliados
Durante el período documentado, la SIP contabiliza el cierre de al menos seis emisoras y un diario, lo que agrava la precariedad laboral de los periodistas venezolanos, muchos de los cuales han optado por el exilio para resguardar su integridad.
Entre los medios cerrados se encuentran:
- Diario La Voz
- Radio Mundial 860 AM (San Cristóbal)
- Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM (Biscucuy, Portuguesa)
- Más Network Coro 97.9 FM (Falcón)
- Criolla 100.7 FM (Ciudad Bolívar)
El informe subraya que “el cierre de medios agrava la situación de los trabajadores de la comunicación, quienes enfrentan una persecución constante”.
Casos emblemáticos de represión
La SIP documenta múltiples casos de criminalización judicial, detenciones prolongadas e imputaciones por delitos graves como terrorismo e incitación al odio, que violan el debido proceso y buscan inhibir la denuncia pública.
Entre los casos más alarmantes se incluyen:
- Ana Carolina Guaita, periodista detenida el 20 de agosto de 2024 en La Guaira, acusada de terrorismo.
- Deisy Peña, acusada de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública.
- Paúl León, camarógrafo de VPItv, detenido más de 80 días junto a otros reporteros.
- Carlos Correa, periodista y defensor de derechos humanos, director de Espacio Público.
- Leandro Palmar, reportero de LUZ Radio, víctima de hostigamiento.
- Los periodistas José Gregorio Camero, Rory Branker, Eleangel Navas y Román Camacho, también detenidos por su cobertura crítica.
- Casos de censura y amenazas contra Gustavo Azócar, Katiuska Francis y Charito Rojas.
Denuncia ante la comunidad internacional
La SIP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que eleve su voz en defensa de la libertad de prensa en Venezuela y se mantenga vigilante frente al deterioro de los derechos fundamentales en el país.
La organización advirtió que el periodismo libre en Venezuela se encuentra en riesgo extremo y que, mientras no existan garantías mínimas para informar sin represalias, el país seguirá alejándose de los principios democráticos esenciales.
Con este nuevo informe, la SIP refuerza su historial de denuncias sobre la situación venezolana, subrayando que la censura estructural y la represión judicial contra la prensa independiente constituyen parte de la estrategia del régimen de Nicolás Maduro para mantener el control total de la narrativa nacional e internacional.
