(Fuente: NTN24) Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, se ha referido al nuevo informe de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que ha emitido el organismo que preside.
“Este informe demuestra que el régimen está dispuesto a seguir con el uso abusivo de la fuerza contra todos”, dijo.
Suju señaló que la ejecución de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela es transversal. “Todos los poderes están involucrados. Tanto el electoral como el legislativo”, afirmó.
“La persecución, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, la torra y violencia sexual contra la población civil y militar son algunos de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela”, afirmó
Con información de NTN24
Asimismo, dijo que la OEA tiene una responsabilidad con Venezuela. “Los venezolanos han dado todo lo que han podido”, sostuvo.
“Ellos tienen la responsabilidad de respondernos sobre cómo nos van a ayudar”, recalcó.
Respecto a la administración Trump, Tamara Suju aseguró que el mandatario estadounidense ha hecho más que otros países. “La administración Trump debe sumar esfuerzos”, señaló.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió este jueves la presentación del Informe Anual del Instituto CASLA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Bajo el título “Venezuela bajo asedio. Represión Estatal y Crimen Organizado Trasnacional: convergencia estructural y responsabilidad por crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”, el documento recoge las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
En la presentación del informe participaron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju.
“Los crímenes en Venezuela han sido utilizados de forma transversal como herramienta de control político y social ejecutándolos dentro y fuera del país”, indicó Suju.
Pese a las denuncias, testimonios y procesos judiciales iniciados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, la tortura de opositores al régimen de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, así lo determinó el Instituto Casla.
Ante ello, solicitó a la Corte Penal Internacional actuar con urgencia, acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder.
“Se necesita una respuesta coordinada, sostenida y multilateral, en la que converjan mecanismos internacionales de justicia, presión diplomática, acción regional conjunta, respaldo a las víctimas y a quienes defienden los derechos humanos», indica.
Además, debería considerar que estos crímenes no se limitan a una frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios (Venezuela, Cuba, y posiblemente Irán o Rusia en asesoría militar), lo que los convierte en una amenaza regional”, agrega.
Asimismo, destaca la importancia de un programa de protección internacional efectivo, debido a que muchas víctimas, abogados, defensores y activistas de derechos humanos viven bajo amenaza permanente.
“Consideramos que, bajo el principio de complementariedad, la CPI podría apoyar o estimular procesos penales locales, como los que se llevan a cabo en Argentina o Chile, contra responsables venezolanos que residan o transiten por distintos países donde la CPI tiene jurisdicción”, afirman.
