La propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de realizar un intercambio humanitario entre 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador y 252 presos políticos en Venezuela provocó una airada respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió al gobierno salvadoreño la identificación completa, estatus judicial y condiciones de reclusión de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad inaugurada por Bukele en 2023.
“Solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así como también su condición de vida y el informe médico de cada uno”, expresó Saab a través de un comunicado divulgado el domingo en sus redes sociales.
El pronunciamiento ocurre tras el anuncio de Bukele el 20 de abril, en el que propuso repatriar al total de venezolanos deportados desde Estados Unidos a cambio de la liberación de una cantidad equivalente de presos de conciencia en Venezuela, entre ellos figuras como Rocío San Miguel, Roland Carreño, y la madre de María Corina Machado.
Acusaciones de crímenes de lesa humanidad… ¿desde Caracas?
En un giro paradójico, el Ministerio Público venezolano calificó la reclusión de los migrantes en el Cecot como “desaparición forzada”, acusando a las autoridades de El Salvador y Estados Unidos de violar el derecho internacional y cometer “crímenes de lesa humanidad que imitan prácticas nazis del siglo XX”.
Esta afirmación ha generado desconcierto entre organizaciones de derechos humanos, ya que la dictadura de Maduro está actualmente bajo investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) precisamente por crímenes de lesa humanidad cometidos contra opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos que se han manifestado pacíficamente desde 2014.
Las preguntas formuladas por el fiscal Saab —¿Qué delitos han cometido estos venezolanos? ¿Se les ha presentado ante un juez? ¿Han tenido acceso a un abogado?— son exactamente las mismas que organizaciones como Foro Penal, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han dirigido durante años a las autoridades venezolanas, ante la situación de casi 900 presos políticos en el país.
En muchos casos, esos detenidos no han tenido contacto con sus familias, no han sido trasladados a audiencias, y sufren condiciones inhumanas en centros como El Helicoide y El Rodeo I, según múltiples informes internacionales.
Migrantes usados como ficha política
El conflicto diplomático también refleja una creciente tensión entre dos modelos autoritarios de control estatal. Estados Unidos invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una norma que solo se ha usado durante tiempos de guerra— para justificar el traslado de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, bajo el argumento de que estarían vinculados al Tren de Aragua, organización criminal transnacional originada en la cárcel venezolana de Tocorón.
Sin embargo, familiares de varios detenidos han negado cualquier conexión con el grupo criminal, denunciando que muchos fueron detenidos arbitrariamente sin antecedentes penales y sin posibilidad de defensa legal efectiva.
¿Oportunidad de presión o cortina de humo?
La propuesta de Bukele, calificada por algunos sectores como audaz, ha abierto un debate sobre la instrumentalización política de los migrantes. Aunque presentada como un “acuerdo humanitario”, la medida también busca visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela y presionar a Maduro a responder por su historial represivo.
En contraste, la reacción de la Fiscalía chavista revela contradicciones estructurales, al denunciar en otros lo que practica sistemáticamente en casa.
Por ahora, la Cancillería de El Salvador no ha respondido oficialmente al requerimiento del Ministerio Público venezolano. El canje humanitario parece estar lejos de materializarse, pero ha dejado al descubierto las fisuras morales y políticas de ambos gobiernos en su tratamiento de los derechos humanos.
