(Nota: The New York Times) Los chicos estaban allí para una pelea de globos de agua.
Era una tradición anual para iniciar las celebraciones de carnaval en Barcelona, una ciudad costera de clase trabajadora del este de Venezuela. Pero apenas dos días después de la captura del presidente de la nación, Nicolás Maduro, todos esos gritos y risas fueron mal recibidos por las autoridades.
Agentes de la policía local y soldados de la Guardia Nacional llegaron en gran número y, según dos de los chicos y los familiares de otros cuatro, dispararon. Los chicos y jóvenes —de 13 a 25 años— se dispersaron, pero la policía detuvo a 25 de ellos. Dos días después, los fiscales estatales presentaron cargos.
¿Su delito? Traición a la patria.
“‘Los voy a joder’”, recordó uno de los chicos, de 17 años, que le dijo un agente de policía tras su detención, utilizando un improperio. “‘Ustedes están a favor de Donald Trump’”.
Una reportera y un fotógrafo de The New York Times visitaron la semana pasada el barrio donde vive la mayoría de los detenidos y entrevistaron a dos de los chicos y a siete de sus familiares, así como a otros venezolanos de todo el país. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno.
Esas entrevistas revelaron que, bajo el gobierno provisional de Venezuela respaldado por el gobierno de Donald Trump, la vigilancia ciudadana y la represión siguen muy presentes.
El presidente Trump ha elogiado a la dirección interina de Venezuela por su gran cooperación, especialmente en la apertura del acceso estadounidense al petróleo del país. Esos dirigentes, que son las mismas personas que ayudaban a dirigir el régimen autoritario de Maduro, también han generado titulares positivos por haber liberado a casi 150 presos políticos, aproximadamente una sexta parte del total estimado de la nación.
Pero, al mismo tiempo, también han ido sumando detenidos en silencio, arrestando y encarcelando a personas sospechosas de oponerse al gobierno como parte de una campaña nacional para sofocar la disidencia, iniciada después de que Estados Unidos capturara a Maduro hace tres semanas.
Las fuerzas de seguridad han instalado puestos de control en las carreteras, han registrado los celulares de los ciudadanos, han extorsionado a gente cuyo rastro digital incluía críticas al gobierno y han detenido a decenas de personas sospechosas de celebrar la captura de Maduro.
Andrés Azpúrua, un activista por la libertad en internet en Venezuela que da seguimiento a la represión gubernamental, dijo que una persona puede ser detenida simplemente por transitar por las calles. Quizá no la metan a la cárcel, aclaró, pero sí le exigirán el teléfono. Aunque eso ya ocurría desde hace mucho tiempo, dice que la escala ha crecido.
El resultado es que muchos venezolanos, aunque quizá estén más esperanzados desde la captura de Maduro, siguen aterrorizados de decirlo en voz alta.
“Sabemos lo que está ocurriendo, pero nadie puede opinar”, dijo un conductor de 49 años que vive en el mismo estado que los chicos detenidos. “Queremos gritar, celebrar, pero no podemos. Quiero, pero no sé en dónde”.
Durante la entrevista, el hombre a menudo hablaba en susurros, preocupado de que su vecino pudiera oírlo y denunciarlo a la policía. Añadió que deja su celular cada vez que sale, temeroso de que la policía lo registre.
El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior del país, que dirige gran parte de las fuerzas de inteligencia y seguridad del Estado, reconoció la semana pasada que algunos agentes habían extorsionado a ciudadanos.
“Yo les he dicho a los funcionarios policiales, que quien quiera ser policía para matraquear no tiene espacio aquí”, dijo, según un mensaje de su partido político.
La ansiedad de los venezolanos se debe a años de represión dura y sistemática por parte del gobierno de Maduro. Una compleja combinación de fuerzas de seguridad —desde soldados y policías hasta agentes de inteligencia y milicias armadas y enmascaradas— espiaba, amenazaba, extorsionaba y detenía a personas consideradas una amenaza potencial para el régimen. Entre los objetivos figuraban políticos de la oposición, activistas, académicos, periodistas e incluso personas comunes que simplemente habían criticado al gobierno en conversaciones privadas.
En las últimas dos semanas, las autoridades venezolanas poco a poco han ido liberando a aproximadamente una sexta parte de los casi 900 presos políticos del país, según grupos de derechos humanos.
