La trata de personas en Venezuela se ha erigido como un negocio criminal altamente rentable, generando al menos 2.600 millones de dólares en 2024 por la explotación de víctimas dentro del país, según el informe Trata de personas en Venezuela. Entre la miseria y la corrupción de Transparencia Venezuela.
Esta red de esclavitud moderna afecta a 364.500 personas, incluyendo 258.795 en trabajo forzado y 105.705 en matrimonios forzados, un crimen de lesa humanidad que el régimen de Nicolás Maduro ignora, perpetuando la impunidad y la corrupción que alimentan esta tragedia humanitaria.
El informe destaca que Venezuela representa el 7,2% de los ingresos por trata en América, con 188.920 víctimas de explotación laboral forzada y 69.875 en explotación sexual comercial. Una víctima laboral genera 3.687 dólares anuales, mientras que en el ámbito sexual asciende a 27.252 dólares, cifras que enriquecen a redes criminales protegidas por la inacción estatal. Transparencia Venezuela advierte que la ausencia de datos oficiales del gobierno oculta el verdadero alcance, aunque Walk Free registró 270.000 víctimas en 2021, posicionando al país como el epicentro de la esclavitud moderna en Latinoamérica.
La miseria impulsada por el régimen —con salarios de hambre y colapso económico— facilita estos abusos. Comunidades indígenas, mineros y zonas controladas por grupos armados irregulares sufren desproporcionadamente. Métodos de captación incluyen engaños en redes sociales, promesas falsas, secuestros y hasta la complicidad parental por desesperación. Maduro, mientras desvía atención con retórica belicista contra el despliegue naval de EE. UU., falla en combatir esta plaga que viola derechos humanos básicos.
Esclavitud moderna: Víctimas migrantes y la impunidad del chavismo
Migrantes venezolanos enfrentan riesgos extremos. En Colombia, 1,4 millones; en Perú, 816.000; y en EE. UU., 288.000 han sufrido trata, con ganancias por explotación sexual superando los 1.455 millones de dólares. El abuso laboral domina en Colombia y Perú, mientras el sexual prevalece en rutas terrestres a EE. UU. Mujeres y adolescentes son el perfil mayoritario de víctimas, un patrón que el régimen agrava con su negligencia.
La falta de respuesta estatal es alarmante. Organismos gubernamentales carecen de capacidad, permitiendo impunidad total. La ONU ha calificado estas prácticas como crímenes de lesa humanidad, similares a las torturas y detenciones arbitrarias que afectan a 823 presos políticos, según Foro Penal. El régimen, vinculado al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, prioriza la represión sobre la protección de su pueblo.
