(Fuente: EFE / Alberto News) Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela han expresado su preocupación por la «desaparición» del abogado Eduardo Torres, quien es miembro del equipo de exigibilidad legal de la ONG Provea.
Las organizaciones temen que haya sido detenido por su «labor como activista de DD. HH. y dadas las constantes amenazas en su contra».
Provea señala que Torres fue visto por últimas vez este viernes 09 de mayo a las 16:00 en Parque Central, Caracas, luego de una reunión.
Familiares se comunicaron con él, quien avisó que se dirigía a su vivienda en otro sector caraqueño, pero «nunca llegó».
«Su esposa, Emiselys Nuñez, acompañada por miembros de nuestro equipo, se encuentra recorriendo los distintos centros de reclusión de Caracas, en busca de información sobre el paradero de Eduardo Torres, quien en reiteradas ocasiones ha sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento por parte de funcionarios policiales del Estado venezolano», dijo Provea.
Denunció que, tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado, las autoridades venezolanas «han arreciado los ataques y actos de persecución contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos, en un intento por imponer el silencio ante las constantes exigencias ciudadanas y pacíficas».
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, exigió información sobre el paradero de Torres y expresó que «hay motivos para temer una desaparición forzada».
«Nadie podrá ser privado de libertad arbitrariamente y las autoridades están obligadas a suministrar información oportuna a la familia ante denuncias como estas», dijo también en X.
Las organizaciones no gubernamentales Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Espacio Público, Laboratorio de Paz y Fundaredes también expresaron su preocupación y destacaron el trabajo del activista en favor de los derechos humanos.
Fundaredes denunció que «muchos defensores están siendo silenciados de manera arbitraria e injusta, incluyendo» su «director, Javier Tarazona, quien ha estado detenido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Helicoide», del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Según Provea, Torres es «beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH)».
