En Venezuela, ejercer el periodismo independiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, al menos 13 trabajadores de la prensa permanecen detenidos, mientras nuevos casos de arrestos, hostigamientos y censura digital configuran una nueva fase represiva contra la libertad de expresión en el país.
La criminalización del periodismo no es nueva, pero en los últimos meses ha alcanzado niveles alarmantes: el simple hecho de abordar temas “sensibles” para el régimen de Nicolás Maduro, como el aumento de la delincuencia, la crisis económica o violaciones a los derechos humanos, basta para ser perseguido, encarcelado o judicializado bajo cargos como “incitación al odio” o “distribución de noticias falsas”.
El ecosistema de censura en Venezuela
Durante más de dos décadas, la libertad de prensa ha sido sistemáticamente erosionada en Venezuela. Desde la confiscación de la sede de El Nacional, pasando por los cambios forzados de línea editorial en medios como Globovisión y El Universal, hasta el cierre o censura de más de 400 medios de comunicación, la estrategia del régimen ha combinado la asfixia económica, judicial y comunicacional.
Actualmente, el uso de las redes sociales como medio alternativo de información ha convertido a periodistas, reporteros y ciudadanos comunes en blancos de nuevas modalidades de represión. Publicar un reportaje crítico o denunciar en plataformas como X o Instagram puede traducirse en arresto inmediato.
Casos emblemáticos: una represión diseñada para el silencio
Nakary Mena y Gianni González fueron detenidos en abril de 2025 tras publicar un reportaje que desmentía falsas narrativas sobre la criminalidad asociada a repatriados. Acusados de «instigación al odio» y «publicación de noticias falsas», permanecen privados de libertad en un proceso viciado y sin acceso a defensa adecuada.
Nelín Escalante, periodista especializado en temas económicos, fue detenido tras analizar en redes sociales el impacto de la devaluación del bolívar frente al dólar paralelo. Su crítica a la brecha cambiaria provocó su detención, desaparición forzada temporal y posterior excarcelación sin garantías judiciales.
Román Camacho, reconocido reportero de sucesos, fue arrestado tras cubrir el asesinato de una vocera comunal en Petare. Se le imputaron delitos como “incitación al odio” y “obstrucción de la justicia”, prohibiéndole salir del país y restringiendo su derecho a informar libremente.
Rory Branker, periodista de La Patilla, continúa desaparecido desde febrero tras ser detenido por el Sebin. El oficialismo lo acusa sin pruebas de integrar una «red de extorsión» contra el gobierno, en una campaña de criminalización extendida también contra medios en el exilio.
El discurso de odio oficial y la criminalización digital
La Ley Contra el Odio de 2017 se ha convertido en el principal instrumento de represión, permitiendo arrestos basados en interpretaciones amplias y arbitrarias del concepto de “odio”. A esto se suma una nueva categoría informal: la «difusión de noticias falsas», inexistente en el Código Penal pero empleada para justificar nuevas detenciones.
Organizaciones como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) advierten que el periodismo venezolano enfrenta hoy un ecosistema de censura que combina vigilancia digital, campañas de difamación, represión judicial y amenazas directas a la integridad física de los comunicadores.
Según datos del IPYS, en 2024 se registraron 571 violaciones a la libertad informativa y al menos 11 periodistas tuvieron que exiliarse tras recibir amenazas de arresto. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) señala que el periodismo en Venezuela “se ha convertido en un objetivo político”.
Campañas de difamación y ataque al periodismo en el exilio
A las detenciones se suman operaciones de desinformación dirigidas contra periodistas en el exterior. El chavismo ha impulsado campañas falsas vinculándolos a supuestas tramas de corrupción financiadas por USAID, exponiéndolos públicamente a amenazas y estigmatización.
Periodistas como Roberto Deniz, Carla Angola, Orlando Avendaño y César Miguel Rondón han sido objeto de estas campañas sistemáticas, replicadas en redes sociales por usuarios progubernamentales y medios estatales como Venezuela News, LaIguana.TV y Globovisión.
Una investigación de ProBox identificó más de 2.000 publicaciones entre enero y febrero de 2025 destinadas a amplificar estas narrativas falsas, utilizando a operadores digitales como Roi López Rivas, exactivista del movimiento «Free Alex Saab».
Una alerta urgente: Venezuela silencia la verdad
El patrón es claro: el periodismo independiente es castigado por investigar, informar o simplemente por ejercer el derecho a expresarse. Mientras las campañas de odio digital crecen, los riesgos para quienes reportan desde dentro de Venezuela o desde el exilio aumentan cada día.
La criminalización de la prensa no solo viola tratados internacionales sobre libertad de expresión, sino que configura un escenario de censura estructural que asfixia el derecho ciudadano a estar informado.
En Venezuela, ser periodista hoy equivale a enfrentar persecución judicial, cárcel, amenazas digitales y, en el peor de los casos, la desaparición forzada. Todo esto mientras el régimen sigue consolidando un entorno de autocensura y miedo que silencia a la sociedad.
