El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este sábado que Yerwin Torrealba, coordinador juvenil del partido en el estado Yaracuy, detenido desde diciembre de 2024, debió ser trasladado de emergencia a un centro médico debido al grave deterioro de su salud, producto de las torturas y condiciones inhumanas a las que ha sido sometido en prisión.
Según un comunicado difundido por la organización opositora, Torrealba presentaba desde hace días fuerte dolor abdominal y en sus piernas, pero las autoridades penitenciarias le habían negado atención médica, lo que agravó su estado.
«Alertamos a la comunidad internacional sobre las múltiples complicaciones de salud que están enfrentando hoy los presos políticos en Venezuela», manifestó Vente Venezuela.
El partido recordó que en diciembre ya habían elevado una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, tras la muerte de tres presos políticos en circunstancias similares de abandono médico y tortura.
Condiciones inhumanas para los presos políticos
La situación de Torrealba no es aislada. En enero de este año, cinco relatores de derechos humanos, dos grupos de trabajo y un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunciaron que las condiciones de detención en Venezuela eran «inadecuadas» y se habían «agravado» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se registró un aumento significativo de personas encarceladas por motivos políticos.
Entre los casos más graves destaca el de la activista Rocío San Miguel, quien sufrió una fractura producto de una caída por un cuadro de laberintitis en diciembre de 2023. Pese a manifestar dolores intensos, San Miguel solo ha recibido tratamiento paliativo con analgésicos y su solicitud de intervención quirúrgica ha sido denegada por el régimen.
Su defensa insiste en la necesidad urgente de excarcelarla para que pueda ser atendida en un centro médico adecuado, pero las autoridades se niegan, argumentando que la operación podría ser utilizada como pretexto para un supuesto intento de fuga.
«Llevarían a Rocío San Miguel a operar y, ahí, intentarían ejecutar el rescate», afirmó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el pasado 15 de febrero.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón calificaron el caso como una «grave violación a los derechos humanos» y exigieron que se permita de inmediato su operación médica sin condiciones.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, acusada por el régimen de formar parte de una «trama conspirativa» contra Nicolás Maduro y altos funcionarios chavistas, un cargo que diversas organizaciones consideran parte de la persecución política sistemática.
Llamado a la comunidad internacional
Vente Venezuela instó a los organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos democráticos y a la comunidad global a mantener el foco sobre la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, y a exigir el fin de las torturas, condiciones inhumanas y tratos crueles que enfrentan los presos políticos.
El partido reafirmó su compromiso de seguir luchando por la libertad de los más de 800 venezolanos que actualmente permanecen privados de libertad por motivos políticos, muchos de ellos en estado de salud crítico.
