Si bien hasta el mediodía la jornada electoral en los más de 30.000 centros de votación del país parecía fluir con normalidad pese a algunos retrasos y fallas de máquinas, al cierre de las mesas se reportaron graves incidencias en algunos centros, eslabones del considerado “el mayor fraude electoral de la historia”.

Pasadas las 6 de la tarde de aquel histórico 28 de julio de 2024, el madurismo no dejaba entrar a testigos de la oposición a los centros electorales, funcionarios de las mesas les negaban a los que lograron incorporarse, las copias de las actas.

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Los militares comenzaban a llevarse las cajas con papeletas mientras que en otros casos los testigos lograron impedir la acción abusiva por parte del Plan República.

Militares que también les negaron el ingreso a los testigos principales opositores ante la Junta Nacional del CNE a la sede del ente comicial para presenciar la totalización de los resultados como lo establece la ley.

Un “hackeo”: La carta bajo la manga

Sin embargo, el régimen comenzó a perpetrar el fraude poco después de las 7 de la noche, cuando la transmisión automatizada de la data desde los centros electorales, a la sala de totalización del CNE, se vio interrumpida sin que hubiese una explicación en ese momento.

Nunca se proveyó un informe técnico al respecto a pesar de que las autoridades anunciaron un supuesto “ataque” al sistema de comunicación electoral.

Pero lo que sí se empezaba a conocer desde esa hora, eran las encuestas a boca de urna que daban una ventaja irreversible a Edmundo González Urrutia, numeritos que coincidían con lo que habían señalado las principales encuestadoras durante la campaña electoral.

Con el 83.5 % de las actas digitalizadas, la ventaja de Urrutia sobre Maduro superaba los 4 millones de votos

La “protección” del Plan República que consumó el fraude

En paralelo, comenzaban a llegar las denuncias de numerosos testigos de mesas sobre el impedimento de acceso a las copias de actas de votación, hecho evidentemente irregular que comenzó a conformar un patrón.

La transmisión de datos se detuvo súbitamente cerca de las 9:00 pm, según reportaron en varios centros de votación; el conteo de votos manuales en centros ubicados en zonas populares de Caracas y las regiones del país fue “protegido” por la cúpula militar que encabezaba el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Aparecieron grupos violentos seguidores del régimen en los centros de votación, para hostigar y amenazar a testigos y así, paralizar el trabajo en las mesas.

Con este escenario, en pocas horas, el presidente del CNE hizo aparecer 40% más de mesas que no habían sido transmitidas desde los centros de votación y anunció la victoria de Nicolás Maduro sin publicar data alguna, con 80% de actas supuestamente “computadas”.

Una realidad que se mantiene un año después; sin embargo, diversos análisis sugieren que el fraude no fue cuestión de unas horas, sino que se construyó a lo largo de varios meses.

La jugada con la que no contaba el régimen y que demostró el fraude

A todo esto, hay que sumarle que el Comando Con Vzla encabezado por María Corina Machado, horas antes del anuncio de resultados ya habían recibido el grueso de actas que avalaban la victoria de Edmundo González Urrutia.

Es decir, que la líder de la oposición, hoy en clandestinidad, ya tenía en sus manos horas después de perpetrado el fraude, más del 80% de las actas que arrojaban un porcentaje de aproximadamente 70% de los votos a favor del candidato de la alternativa democrática.

Actas que posteriormente fueron publicadas y podían ser consultadas por cualquier ciudadano con sólo digitar su número de cedula de identidad en la página web www.ganovzla.com, la cual el régimen un año después, sigue intentado bloquear.

Así, se fraguó el mayor fraude electoral de la historia de magnitudes descomunales, todo, con la complicidad de las instituciones del Estado.

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