Para muchos, el mayor fraude electoral cometido en la historia de nuestro continente, para otros, del mundo entero. Independientemente de los criterios, el mega fraude perpetrado por el régimen de Maduro se consolidó mucho antes del 28 de julio de 2024; con señales claras de que el chavismo no iba a permitir que la voluntad popular lo despojara del poder.
A pocos días de cumplirse un año de la histórica jornada, la región y parte del mundo aún recuerda el resultado anunciado de las elecciones en Venezuela; y, más concretamente, sobre el fantasma del fraude del que diferentes sectores políticos y sociales, nacionales e internacionales habían advertido.
La poca transparencia por parte del ente regulador de los comicios en Venezuela, fue el principal motivo por el que la oposición liderada por María Corina Machado aseguró que, durante la jornada electoral, el organismo solo mostró el 40% de las actas y después dejó de difundirlas e imprimirlas, generando así, desconfianza en todo el mundo.
Antes de repasar paso a paso el hilo de hechos que fueron cocinando el fraude electoral, es importante recordar que la relación entre el CNE y la oposición ha sido difícil desde hace años.
Fue este mismo ente electoral, controlado por el régimen, a través de una mayoría representativa de rectores, el que prohibió la participación de las dos candidatas favoritas de la oposición de cara a los comicios del 28jul.
La antesala de un fraude “cantado”
Meses antes del mayor fraude electoral de la historia, el 28 de enero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la inhabilitación política por 15 años de María Corina Machado, quien se perfilaba como la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales.
De esta forma, la decisión del TSJ dejó sin efecto el Acuerdo de Barbados que firmaron Gobierno y oposición en octubre de 2023 de cara a los comicios.
Luego el 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales para el día 28 de julio. Ese mismo mes, Machado anunció que apoyaría la candidatura de Corina Yoris, pero al inicio del período de postulaciones, el nombre de Yoris también fue bloqueado en el sistema, por lo que la oposición tuvo que buscar nuevamente otro candidato.
El 20 de abril, la oposición anunció que Edmundo González Urrutia sería su candidato presidencial definitivo. Antes del cierre de campaña, González Urrutia y Machado firmaron un acuerdo titulado «El espíritu del 28 de julio», que asentó por escrito el compromiso para trabajar de manera conjunta en una serie de puntos y así promover un gobierno de «transformación democrática».
Finalmente, el 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Y, a la media noche, sucedió lo que la mayoría auguraba que iba a pasar, pero nadie se atrevía a pronosticar de manera pública, el mayor fraude electoral de la historia.
Finalmente se consumó el fraude
Para muchos, el mayor fraude electoral de la historia inició cuando se llevaba cerca del 40 % de transmisión de actas de escrutinio y el CNE detuvo súbitamente el proceso.
Seguidamente comenzó a impedir el derecho de los testigos de mesa a obtener las actas de escrutinio y también impidió a los testigos generales de la oposición entrar al CNE y a la sala de totalización para supervisar la transmisión de datos.
En las horas subsiguientes, y mientras esto ocurría, el Comando Con Vzla del candidato Edmundo González Urrutia logró acopiar de manera paralela y de mano de sus testigos de mesa, hasta un 73.25 % de las actas de escrutinio.
Éstas actas daban cuenta de unos resultados parciales, pero definitivos, en los que Nicolás Maduro había logrado hasta el momento 2.759.256 votos y Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos.
Sin embargo, en la madrugada del 29 de julio, manteniéndose interrumpida la transmisión de datos, y sin que se diera una explicación de las causas, Elvis Amoroso, incorporó un 40 % adicional de mesas que no fueron transmitidas desde los centros de votación, y leyó un sorpresivo “primer boletín”:
Con una participación del 59 % y con base a un 80 % de las mesas escrutadas, Amoroso informaba ante los medios de comunicación de Venezuela y el mundo, así como de cuestionados veedores internacionales, que había una tendencia “contundente e irreversible”:
Nicolás Maduro habría obtenido 5.150.092 votos, y Edmundo González Urrutia, 4.445.978 votos; quedando sin escrutar 2.393.268 votos.
Una proclamación entre gallos y medianoche
Ese mismo día 29 de julio, sin que se haya publicado la totalización de las actas de escrutinio de manera desagregada; con la ausencia de dos de los rectores, y sin haberse procedido con el protocolo legal, el presidente del CNE proclamó al candidato Nicolás Maduro, como “Presidente Electo” de la República, para el período 2025-2031.
A partir de allí, Amoroso desapareció de la escena pública y la página web del organismo se hizo inaccesible, por lo cual venció el lapso de cuarenta y ocho horas establecido en el art. 146 de la LOPE, para la totalización y publicación de las actas de escrutinio, por lo cual no había resultados electorales de manera desagregada, ni acta de totalización con el 100 % de los votos escrutados.
Reaparece el TSJ y da la última estocada al fraude
El 31 de julio de 2024, Maduro acudió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, indebidamente asistido por el Procurador General de la República, quien incurrió en violación de sus deberes constitucionales y legales, al asistir al candidato Maduro en un asunto que no revestía ningún interés patrimonial para la República, con el propósito de ejercer, lo que denominó, un “recurso contencioso electoral”.
Dicho recurso, pretendía que el órgano jurisdiccional se avocara a revisar todo el proceso electoral y solicitara al CNE todos los elementos de prueba de un supuesto “ataque cibernético”, del cual solo hablaba el régimen.
El 1 de agosto, la sala lectoral admitió la solicitud que presentó Maduro, confiscándole el proceso comicial al único órgano competente según la Constitución y las leyes y sin tener la competencia legal para hacerlo, para intentar concluirlo publicando luna aparente totalización, que debía ser de manera desagregada, es decir, mesa por mesa.
A partir de allí, el TSJ procedió a citar a todos los candidatos para firmar un documento que no se hizo público; así como también a los líderes de los partidos cuyas tarjetas apoyaron al candidato opositor Edmundo González Urrutia, el cual se negó a asistir con muy buenos argumentos.
Se pretendió así, judicializar el tema, pasándole la pelota al TSJ para que identificara supuestos delitos cometidos por la oposición, y se procediera a abrir los procedimientos penales correspondientes.
Finalmente, en el mes de septiembre, la Fiscalía General de la República en la voz de su titular Tarek William Saab, solicitó una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia ante presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita.
Por este motivo, el candidato ganador de manera comprobada, abandonó el país y se instaló en Madrid, donde fue recibido en condición de asilado político por parte del Gobierno español.
