Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el primero de enero de 2025 sin motivo alguno por funcionarios de la DGCIM en los alrededores de Plaza Venezuela, Caracas. Desde entonces, no hubo rastro de él hasta que su madre lo encontró enterrado casi año y medio después. Un caso que reveló la responsabilidad del régimen sobre muertes en custodia del Estado.
Víctor, tenía 51 años, era un comerciante, no era un dirigente político o figura pública, era un venezolano común. Llevaba hallacas y chocolates a su madre, la señora Carmen Teresa Navas, conocida hoy por todo el país. Fue acusado de terrorismo, traición a la patria y conspiración. Un hombre común con hallacas en mano fue tratado como un peligroso delincuente, desaparecido y sepultado bajo secreto en un desconocido cementerio ubicado a las afueras de Caracas.
Descrito por su madre como un hombre honesto y trabajador, era conocido entre sus amigos como “El Ruso”, pero también como “El Alemán” debido su fisionomía con características europeas. Vendía pantalones en el mercado de La Hoyada, en Caracas. Impartía clases de kárate y también comercializaba productos relacionados a vitaminas naturales.
Testigos que compartieron cárcel con él en El Rodeo I afirmaron haberlo visto por última vez entre agosto de 2025, momento en que fue traslado a servicios de atención médica por aparentes problemas de salud intestinal que le impedían alimentarse con normalidad. Algunas fuentes afirman que Víctor fue vinculado con la CIA, con el Centro Nacional de Inteligencia de España y al excomisario Iván Simonovis. Y, aunque reportes extraoficiales señalaron como motivo aparente de la detención un pasado de servicio militar, en el año 1993 (según su madre), no existen detalles públicos que lo comprueben.
Cronología de una muerte anunciada
Tras su detención, que según su propia madre pudo haber sido por un “problema personal” con un funcionario policial; fue trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta y luego al Internado Judicial El Rodeo I, en donde el Tribunal Especial Segundo de Terrorismo lo procesó por cargos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y conspiración.
Aquí, comienza el calvario de la señora Carmen Teresa Navas de 82 años, que recorrió durante 16 meses distintas cárceles del país, tribunales, sedes del CICPC, del Ministerio Público y del Ministerio de Servicio Penitenciario. Pero en cada visita recibía negativas, o simplemente silencio. Y así, empieza de develarse la responsabilidad del régimen sobre muertes en custodia:
Por ejemplo, en los tribunales le indicaron en par de oportunidades que su hijo se encontraba en El Rodeo I, pero los funcionarios de este penal siempre le indicaban que no estaba ahí. Los recursos judiciales presentados, incluidos hábeas corpus, recibieron rechazo por parte de las autoridades. Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor ante el riesgo a su vida e integridad.
Sin embargo, el Estado venezolano negó información efectiva a los familiares y excluyó a Quero de las medidas de excarcelación y amnistía otorgadas a otras personas detenidas. La ocultación prolongada de su muerte, las contradicciones oficiales y la falta de información verificable sobre las circunstancias del deceso representan hechos de extrema gravedad que sugieren posibles torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Según registros de diversas ONG, la muerte de Víctor Quero es la número 27 desde el año 2015 en cuanto a presos políticos en custodia del Estado se trata. Y aunque desde tribunales informaron que el caso tuvo una audiencia preliminar y pasó a juicio, nunca existió información pública actualizada sobre el proceso ni sobre su estado físico, por lo que el acceso a este expediente fue “sistemáticamente bloqueado”.
¡Jueces, médicos y hasta Diosdado!: Estos son los posibles responsables
Una semana después de confirmada su muerte (24 de julio de 2025) y, posteriormente haberse exhumado sus restos tras una investigación ordenada por el Ministerio Público; aún no hay respuestas ni responsables. Pero hay varios nombres de la cadena de mando que pudieran estar vinculados por acción u omisión en esta trágica muerte.
El principal señalado como posible responsable ante la falta de actuación para dar con el paradero de Víctor Quero, es el Ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa. Pero también Alexander José Martínez Endeiza, Director del Rodeo I, último penal en donde vieron con vida al preso político.
Sin embargo, hay otros nombres que fueron piezas claves en esta sucesión de hechos. Dionita Coronado, Defensora III de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas.
Ella, fue quien firmó una comunicación entregada a la señora Carmen Navas con fecha 24 de octubre de 2025, afirmando que las diligencias de su despacho y las consultas con el Ministerio Público determinaban que en ese momento Víctor Hugo Quero se encuentra en el Centro de Detención el Rodeo I, cuando para esa fecha ya tenía tres meses muerto.
Alfredo Ruíz, para entonces Defensor del Pueblo, es otro posible funcionario a ser interpelado por las autoridades en esta investigación, seguidos por Tarek William Saab como Fiscal General del Ministerio Público y Luis Felipe Cádiz como Fiscal 57 del Área Metropolitana de Caracas.
Pero la lista no terina ahí, según ONG y defensores de DD.HH., también el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera y el Juez del Tribunal 2do de Control para el terrorismo, Carlos Liendo, fueron responsables indirectos de este deceso puesto que fueron quienes formaron parte de la acusación y enjuiciamiento contra Víctor Quero.
Y si vamos un poco más allá en la responsabilidad del régimen sobre muertes en custodia, encontraremos nombres importantes en esta cadena de mando. Por ejemplo, Luis Montaño Hernández, Director del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en donde falleció Víctor, así como Lissett Moreno, Director del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Douglas Rico, Director del CICPC y Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
“Cuando una persona fallece en custodia estatal, el Estado debe demostrar de manera transparente, independiente y verificable las circunstancias del hecho”.
Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2017.
