La disparidad entre los beneficios de la cúpula gubernamental y la realidad de los trabajadores venezolanos genera una nueva ola de indignación. Mientras los empleados públicos devengan salarios menores a cinco dólares mensuales desde hace cuatro años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos autorizó el uso de recursos públicos de Venezuela para costear la defensa de Maduro y Cilia Flores.
Nicolás Maduro y Cilia Flores podrán acceder a defensa privada tras declarar que no poseían dinero para cubrir dichos honorarios. La decisión de la Ofac permite que estos pagos se realicen con fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026, fecha en que Venezuela y Estados Unidos reanudaron relaciones comerciales y consulares, siempre que no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
Esta medida es rechazada contundentemente por el sector público. Omar Sayago, maestro jubilado, cuestiona la legitimidad de estas acciones y enfatiza que Venezuela tiene deudas pendientes con quienes trabajan a diario y aspiran a una vida digna.
Sueldos de miseria y pérdida de beneficios
La administración de la administración pública en Venezuela atraviesa un estado de precariedad extrema. Los trabajadores perdieron sus beneficios laborales tras decisiones previas de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. En pleno 2026, los empleados exigen la revocación de las medidas que fulminaron sus ingresos.
«La crisis no es solo salarial; nos privaron de los beneficios que dignificaban nuestro trabajo», señalan representantes del sector.
La docente universitaria Carolina Casanova y el representante gremial Gerardo Ramírez coinciden en que la situación es de miseria. Los sueldos actuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas, con casos donde docentes perciben apenas tres dólares.
Pese a que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello mencionaron próximos anuncios salariales con «cautela y responsabilidad», los trabajadores rechazan esta narrativa. Consideran que la «peregrinación» para pedir el levantamiento de sanciones es una excusa ante la falta de voluntad para mejorar las condiciones de vida de las familias venezolanas.
La defensa de Maduro había renunciado inicialmente por falta de pago, lo que ponía en riesgo la continuidad del juicio. Ante esto, el Departamento del Tesoro flexibilizó el uso de recursos para asegurar que el proceso legal avance.
No obstante, para líderes como Roberto Duque, del gremio de salud, y los trabajadores en protesta, el uso de estos fondos resulta difícil de asimilar mientras el pueblo sobrevive en la precariedad.
Los gremios aseguran que mantendrán las manifestaciones de calle de forma permanente, independientemente de los anuncios que la administración de Maduro realice este primero de mayo.
