Las alcabalas, más que un punto de control para garantizar la tranquilidad de los venezolanos, son causantes de ansiedad, miedo y pesadillas para cualquier ciudadano y aunque la dictadora Delcy Rodríguez haya anunciado su recientemente su cierre en todo el territorio nacional, existen muchas condiciones, sectores de poder y antecedentes que confirman que el régimen podría no cumplir su , bien reza el refrán: «del dicho al hecho hay mucho trecho».
El tutelaje de Estados Unidos continúa implementando un plan de transición que se solapa entre sus tres fases, y la verdad es que Venezuela, naturalmente, es un país complicado gracias a los últimos casi 30 años de administración chavista. Una orden tan sencilla como el levantamiento de alcabalas se vuelve abstracta en ese contexto, y empiezan a sobresalir esas capas de poder que obedecen a favor de sus propios intereses, o que rompen la cadena de mando para mantener el status quo.
La pregunta que vale la pena responder es: ¿la gente se sentirá más segura sin alcabalas?
Se lo preguntamos al académico Fermín Mármol García. Para él, el anuncio debe interpretarse «como una rectificación de las políticas públicas preventivas en seguridad ciudadana, porque ciertamente el tema de las alcabalas móviles policiales se ha planteado desde la primera década del siglo XXI como una práctica equívoca en política criminal, toda vez que es mucho más efectivo el patrullaje constante y permanente siguiendo el mapa criminal del país».
Sin embargo, aclara que la medida debe tener excepciones: las alcabalas móviles, dice, deben reservarse para situaciones en caliente bajo la figura de operaciones cerrojo u operaciones herradura, y esas excepciones deberían quedar establecidas mediante decreto presidencial o resolución ministerial. Mármol García propone además que se realice de inmediato una encuesta de victimización nacional, que permita construir un mapa criminal por parroquia y así saber dónde patrullar con base en datos reales, y no en la costumbre de instalar puntos de control fijos.
Con información suministrada por nuestro corresponsal Johan Álvarez
Antecedentes: desde la matraca hasta revictimizar a ciudadanos
Antes de hablar del monstruo en que se transformó la alcabala para los venezolanos, hay que recordar cómo la deformación de las instituciones de seguridad del Estado comenzó a mermar desde hace más de 20 años. El chavismo aplicó a sus propias fuerzas de seguridad el mismo esquema que instauró en el resto de la población: el mal manejo económico, la corrupción y otros desmanes provocaron que el policía reforzara prácticas como la matraca para sobrevivir a las malas condiciones, que se acentuaron incluso a partir de 2010, cuando la bonanza petrolera terminó y desnudó el despilfarro chavista.
Hay, por supuesto, casos que se salieron por completo de las líneas de un simple acto de corrupción. Desde 2006 existieron episodios que recuerdan las ONG Acceso a la Justicia y Provea, que incluyeron violencia física, violencia de género en requisas y actos mucho más graves, como disparos y muertes. Seis años después, la región se estremeció con la muerte de Karen Berendique, hija de Fernando Berendique, cónsul honorario de Chile en Maracaibo, estado Zulia.
En esa misma zona, las denuncias de represión en puntos de control se volvieron un ciclo repetitivo entre los habitantes y miembros de comunidades indígenas que debían cruzar los retenes entre Maracaibo y Paraguaipoa.
El chavismo, por supuesto, desestimaba que se tratara de una política de Estado y lo tildaba de propaganda en su contra, o de casos aislados, no obstante una vez instaurado el régimen de Nicolás Maduro, la crisis económica provocó que la extorsión y los actos represivos se volvieran el día a día de los venezolanos cada vez que se enfrentaban a una alcabala.
Sobre este punto, Mármol García insiste en la necesidad de que el Estado eduque a la ciudadanía: «Es importante que la Rectoría de Seguridad o el Ministerio Público (…) puedan instruir a la ciudadanía con un anuncio por radio, por televisión, por los medios de comunicación que tenemos hoy día (…) y decirle qué debe hacer un ciudadano cuando lamentablemente o afortunadamente es objeto de una detención preventiva. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son sus derechos?».
Tras años de represión y persecución contra la ciudadanía, la oposición y la sociedad civil, las alcabalas alcanzaron un punto crítico de persecución después del fraude electoral de 2024, cuando se transformaron en puntos de control para requisar a los ciudadanos, obligarlos a exponer su privacidad a través de sus dispositivos móviles y detenerlos arbitrariamente si eran considerados opositores al régimen, periodistas o activistas de derechos humanos. Medios de comunicación han denunciado que una conducta similar se ha repetido incluso después de la captura de Maduro, el pasado 3 de enero.
Mármol García confirma ese patrón: «En el año 2024-2025 las denuncias ciudadanas en las primeras o principales ciudades del país iban apuntando a que las policías uniformadas detenían a personas jóvenes y había un psicoterror para revisar el vehículo automotor, para hacer la revisión corporal y trasladarlos a despachos policiales y después decir a los familiares que habían conseguido drogas ilícitas». Según el académico, esas denuncias fueron «realmente masivas» en facultades de derecho, escuelas de derecho y gremios profesionales, y reclama un discurso público contundente por parte de las autoridades de seguridad que sea inclemente con las desviaciones y la corrupción policial.
El especialista identifica, además, tres nudos estructurales detrás de este problema: quiénes dirigen las instituciones policiales, qué se enseña en las academias de formación y, sobre todo, el aspecto socioeconómico. «Nadie puede aceptar un cargo público para que se le diga autogestiona», resume, al describir el sueldo simbólico que reciben los funcionarios públicos venezolanos desde hace ya 15 años.
Las alcabalas también tuvieron una presencia indignante para los venezolanos en los primeros días tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, cuando el régimen decidió darle prioridad al control por encima de la ayuda que las víctimas de esa tragedia necesitaban con urgencia.
Dos anuncios parecidos, pero con diferencias marcadas
Aunque Rodríguez anunció esta medida como una forma de mejorar el tránsito en el territorio nacional, no es la primera vez que se escucha un planteamiento similar. En 2021, en medio de la pandemia del covid-19, Maduro le ordenó a su entonces vicepresidenta, la propia Delcy Rodríguez, que eliminara las irregularidades y trabas en las alcabalas.
Distintas ONG señalan que el más reciente pronunciamiento de Rodríguez forma parte de una «reedición de una vieja promesa», porque la necesidad del régimen de controlar el territorio no le permite cumplirla de forma sostenida. La diferencia es que la presencia del tutelaje de Estados Unidos presiona en ciertos sectores al régimen para que desmantele poco a poco la estructura de represión y persecución. Eso no significa que sectores de poder como el Ministerio de Interior pierdan fuerza, sino que se ajustan para mantener los escenarios de control. Si el régimen tuviese una postura verdaderamente transparente sobre la rehabilitación de las instituciones, el sector de seguridad debería ser revisado desde todas sus aristas.
Mármol García dimensiona la magnitud del reto: «En Venezuela tenemos 335 municipios y tenemos 112 instituciones policiales municipales, 23 instituciones policiales regionales y 4 grandes policías de carácter nacional, amén del componente Guardia Nacional que tiene funciones también en el área de seguridad ciudadana». Por eso, advierte, cualquier planteamiento de destituir en bloque a los funcionarios policiales «no es serio»: la reforma debe ser gradual, empezando por el ejemplo de quienes dirigen cada institución, seguido de una supervisión constante y de una revisión profunda de las escuelas de formación policial. Aun así, calcula que los primeros resultados perceptibles para la ciudadanía podrían verse entre los 16 y 18 meses de políticas públicas sostenidas.
El caso de Sixto Salamanca
Lamentablemente, la realidad parece ir por otro camino, y un ejemplo de ello es la revictimización de Sixto Salamanca, quien fue detenido arbitrariamente el pasado 18 de agosto, apenas cuatro días después de haber sido liberado del Centro Penitenciario Rodeo III, donde estuvo secuestrado como preso político desde 2019.
Salamanca viajaba en un autobús de transporte público junto a su esposa cuando la unidad fue interceptada. Los funcionarios lo hicieron bajar y lo retuvieron. Actualmente, se encontraría bajo custodia en la comandancia de la Policía Municipal de Cúpira.
Existen denuncias de que el anuncio del cierre de alcabalas no se ha cumplido a cabalidad. Ciudadanos han reportado la situación, y funcionarios han justificado los puntos de control asegurando que «no son alcabalas, sino puntos de control», como si no existiera una diferencia real entre ambas figuras.
¿Podrá el régimen esta vez cumplir con la promesa, o la sed de control es mucho más fuerte? Es una pregunta que muchos venezolanos aseguran ya tener respondida. Si no hay un cambio político verdadero, la necesidad de una transición no puede sostenerse solo en acuerdos petroleros o en la rehabilitación de los poderes judicial y electoral: es momento de que el desmontaje del brazo opresor se realice con mayor fuerza y con resultados confiables.
