Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos venezolano de 43 años, ha sido una figura clave en la lucha por los derechos humanos en Venezuela, enfrentando detención como preso político desde julio de 2021. Su caso ilustra las tensiones políticas y los desafíos de derechos humanos en el país, con implicaciones significativas para la democracia y la libertad de expresión. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de su perfil político, su detención y las circunstancias actuales, basado en información recopilada hasta el 1 de julio de 2025.
Perfil Político y Trayectoria Profesional
Javier Tarazona, nacido el 21 de julio de 1982 en Venezuela, es un profesor universitario especializado en educación y un activista comprometido con los derechos humanos. Obtuvo un doctorado en Filosofía y un PHD en Educación de la Universidad Experimental Libertador (UPEL), lo que refleja su sólida formación académica. Su carrera política y activista se centra en la defensa de los derechos humanos, especialmente en comunidades vulnerables.
Desde febrero de 2005, Tarazona ha sido el director de FundaREDES (Fundación Redes), una organización no gubernamental dedicada a documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos, con un enfoque particular en la presencia de grupos guerrilleros y su impacto en las poblaciones fronterizas. A través de FundaREDES, ha registrado los estragos causados por las incursiones de grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente en estados como Apure y Táchira. Su trabajo ha incluido la documentación de conflictos armados entre las Fuerzas Armadas venezolanas y estos grupos, así como el aumento de delitos en estas regiones.
Antes de su liderazgo en FundaREDES, Tarazona fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, sección Táchira, desde 2010 hasta 2018, donde abogó por los derechos de los docentes y promovió reformas educativas. Su labor en esta posición lo consolidó como un líder sindical y educativo, conocido por su valentía y compromiso con la justicia social. Además, ha trabajado en la formación de derechos humanos, organizando talleres y capacitaciones para activistas, lo que lo posicionó como un defensor prominente en el ámbito de la educación para la paz.
Tarazona ha sido descrito como «valiente» por quienes han trabajado con él, destacando su persistencia en denunciar abusos a pesar de los riesgos. Su trabajo ha incluido la publicación de informes detallados sobre la presencia de guerrillas y su conexión con funcionarios del gobierno, como el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, lo que lo convirtió en un blanco del régimen de Nicolás Maduro.
Detención como Preso Político
El 2 de julio de 2021, Javier Tarazona fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Coro, estado Falcón. La detención ocurrió después de que Tarazona acudiera al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo acosado y perseguido por efectivos policiales, del SEBIN y personas no identificadas. Ese mismo día, junto con otros activistas de FundaREDES, como José Rafael Tarazona Sánchez y Omar de Dios García, fue detenido mientras participaba en una formación de derechos humanos, tras reportar previamente acoso por parte de agentes de seguridad.
Las autoridades lo imputaron por «instigación al odio, terrorismo y traición a la patria», cargos que son ampliamente considerados como fabricados y políticamente motivados. Según informes, su detención fue una respuesta directa a su trabajo de documentación, particularmente después de presentar una fotografía el 30 de junio de 2021 a la Fiscalía General, solicitando una investigación sobre las relaciones entre funcionarios del gobierno y líderes guerrilleros, como Nicolás Rodríguez Bautista («Gabino»), Eliecer Chamorro Acosta («Antonio García») e Israel Ramírez Pineda («Pablo Beltrán»).
Desde su detención, Tarazona ha estado sometido a condiciones de detención inhumanas. Ha enfrentado periodos prolongados de incomunicación, sin acceso a un abogado de su elección, y ha habido denuncias de tortura, incluyendo aislamiento y falta de atención médica. Su pre-audiencia se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021, después de más de cinco meses de retrasos, pero a julio de 2022, aún no había comenzado su juicio, lo que refleja un patrón de obstrucción de la justicia.
Condiciones de Detención y Estado de Salud
Tarazona ha estado detenido en El Helicoide, un centro de detención en Caracas conocido por sus condiciones deplorables y el uso de tortura. Informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones han destacado que su salud ha deteriorado significativamente debido a la falta de tratamiento médico adecuado. A diciembre de 2021, ya se reportaba un deterioro serio en su estado de salud, y a mayo de 2025, sigue enfrentando riesgos debido a estas condiciones.
Su familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado que no ha tenido acceso a visitas regulares ni a defensa legal adecuada, lo que ha sido catalogado como una violación de sus derechos fundamentales. A pesar de las peticiones internacionales, el gobierno venezolano no ha tomado medidas para garantizar su bienestar o liberar a Tarazona.
Reacciones Internacionales y Condenas
La detención de Javier Tarazona ha generado una fuerte respuesta internacional, con numerosas organizaciones de derechos humanos exigiendo su liberación inmediata. Amnistía Internacional lo reconoció como un «preso de conciencia» desde el inicio de su detención, destacando que fue arrestado arbitrariamente por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En julio de 2021, Amnistía Internacional emitió un comunicado exigiendo su liberación, y en octubre de 2021, reiteró su preocupación por la falta de acceso a representación legal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó preocupación por su caso, calificándolo inicialmente como una «desaparición forzada» y pidiendo al gobierno venezolano que garantice su seguridad y acceso a la justicia. Michelle Bachelet, entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la detención como «preocupante» el 5 de julio de 2021, solicitando que se respeten sus derechos, incluyendo el acceso a abogados de su elección
Figuras políticas como el exdiputado Juan Guaidó, el político Juan Pablo Guanipa y organizaciones como Provea y Foro Penal también han demandado su liberación, destacando que su detención es parte de un patrón de persecución contra defensores de derechos humanos. Freedom House y Human Rights Watch han incluido su caso en informes sobre la criminalización de activistas en Venezuela, señalando que su arresto refleja una estrategia del régimen para silenciar a quienes documentan abusos.
