Otoniel Guevara Pérez es un ex-policía del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), ahora conocido como CICPC. No tiene una trayectoria política activa ni afiliación a partidos, pero su detención se enmarca en el contexto de la represión chavista contra supuestos conspiradores. Junto con su hermano Rolando y su primo Juan Bautista Guevara, fue acusado de participar en el asesinato del fiscal Danilo Anderson el 18 de noviembre de 2004, un caso que el gobierno utilizó para estigmatizar a opositores, según la Corte IDH.
Antes de su detención, Otoniel trabajaba como investigador policial, pero su caso fue utilizado para demostrar lealtad al chavismo durante el gobierno de Hugo Chávez. Aunque no era un disidente conocido, su sentencia ha sido vista como un ejemplo de justicia politizada, según el informe de la Corte IDH en el caso Guevara Rodríguez y otros vs. Venezuela (2023), que condenó al Estado por violaciones a los derechos de los hermanos Guevara.
Detención como preso político
El 23 de noviembre de 2004, Otoniel Guevara Pérez fue detenido por agentes policiales en Caracas, junto con su hermano Rolando y su primo Juan Bautista, acusado de participar en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Los agentes formalizaron la detención el 26 de noviembre, pero los hermanos estuvieron incomunicados hasta el 27 de noviembre, configurando una desaparición forzada breve, según el informe de la Corte IDH. Fueron sometidos a torturas para obtener confesiones, según Efecto Cocuyo.
En 2009, fueron sentenciados a 27 años de prisión por «homicidio intencional calificado con alevosía» y «agavillamiento», en un juicio plagado de irregularidades, según la Corte IDH. El proceso fue criticado por falta de pruebas y motivaciones políticas, ya que Anderson investigaba el golpe de 2002 contra Chávez, según El Pitazo.
Condiciones de detención y estado de salud
Otoniel ha enfrentado condiciones inhumanas en El Helicoide, con hacinamiento, falta de atención médica y torturas, según la Corte IDH. El informe detalla que sufrió desaparición forzada inicial, torturas para obtener confesiones y aislamiento prolongado. No se reportan detalles recientes sobre su salud, pero las condiciones generales en El Helicoide, con reportes de enfermedades infecciosas y negligencia médica, generan preocupación, según Human Rights Watch.
La Corte IDH emitió una sentencia en 2023 en el caso Guevara Rodríguez y otros vs. Venezuela, condenando al Estado por violaciones a los derechos de Otoniel, Rolando y Juan Bautista, ordenando reparaciones como indemnizaciones y revisión de la sentencia, según su documento oficial. El Estado venezolano no ha cumplido, según El Pitazo.
