Por Julio Borges
A comienzos de este año, escribí un artículo sobre el 2024 como un año de definiciones. Un año en el que la mitad del planeta acudía a las urnas y donde América Latina se jugaba su futuro. Viendo las elecciones presidenciales que ya se han dado en México, República Dominicana, Panamá y El Salvador, veo que el pronóstico sobre las masivas votaciones hasta ahora se ha venido cumpliendo. Pero aún falta la elección más importante para el continente: el proceso electoral del 28 de julio en Venezuela.
Es una elección que define el porvenir de América Latina y también de los valores occidentales. Una elección que ha despertado tal nivel de interés en la comunidad internacional que incluso las voces más alejadas del conflicto se han pronunciado sin titubeos y con firmeza. Recientemente, los líderes del G7, las siete democracias más avanzadas del mundo, enviaron un mensaje contundente sobre la necesidad de que las elecciones en Venezuela cuenten con los más altos estándares de transparencia y legitimidad. El G7 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
“Hacemos un llamado a Venezuela para que implemente plenamente el Acuerdo de Barbados y garantice elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio, que abarquen misiones de observación electoral internacional completas y creíbles”, reza el comunicado del G7. Además, el bloque de países demandó “elecciones competitivas e inclusivas” y “el fin del acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
La atención y vigilancia de la comunidad internacional con respecto a Venezuela ha sido importante, pero en las próximas semanas deberá redoblarse. El régimen de Maduro no ha cesado en su persecución política. Solo en esta semana, inhabilitaron a siete alcaldes que manifestaron apoyo al candidato de la oposición, Edmundo González, y encarcelaron a dos jóvenes dirigentes del partido de María Corina Machado. Han cerrado los hoteles que hospedan a la líder opositora, han encarcelado a quienes le prestan los servicios de sonido y hasta a quienes le venden alimentos. Se trata de una campaña totalmente atípica y en unas condiciones de desigualdad nunca vistas.
Maduro busca construir un clima de agitación de cara a las elecciones para impedir que el pueblo se exprese o para robarse las elecciones mediante un fraude monumental. Al día de hoy, encuestadoras independientes, nacionales y extranjeras, indican que Edmundo González le lleva una diferencia entre 25 y 30 puntos a Maduro, una brecha imposible de revertir cuando falta tan solo un mes para las elecciones. Estas mismas firmas que estiman la diferencia entre una candidatura y otra, también advierten sobre las consecuencias de que Maduro se imponga por la fuerza. Según sus cálculos, la continuidad del dictador provocaría una nueva estampida de venezolanos, que alcanzaría la cifra del 20%, estaríamos hablando de casi 5 millones de venezolanos más que se irían del país.
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Por eso se rumora que el régimen maneja varios escenarios. Uno de ellos es judicializar la tarjeta de la Unidad y, con ello, descalificar electoralmente a Edmundo González. Otro escenario que se contempla por parte de la cúpula de Miraflores es cometer un monumental fraude para desconocer el mandato de las urnas.
La única forma de evitar que esto se consuma es mediante el apoyo de la comunidad internacional. La presión de las democracias del mundo es fundamental en las próximas semanas para mejorar la calidad de las elecciones y evitar que Maduro secuestre el derecho a elegir de millones de venezolanos. En tal sentido, se requiere más observación internacional en las elecciones, dado que el régimen le cerró la puerta a la misión de la Unión Europea. Los países pueden enviar observadores independientes y también pueden apoyar las misiones del Centro Carter y el panel de expertos de la ONU, con el fin de que puedan hacer un seguimiento y control mucho mayor sobre el sistema electoral venezolano.
Asimismo, se requiere continuar presionando a Maduro y su círculo para que entiendan que es absolutamente necesario facilitar una transición democrática, que permita normalizar a Venezuela, reconstruir la economía y los derechos para todos y, sobre todo, frenar el éxodo. Europa, Estados Unidos y América Latina deben construir un solo bloque de presión sostenida para que, junto al voto de millones de venezolanos, el 28 de julio llegue la libertad definitiva para Venezuela y la región.