(Fuente: EFE / Monitoreamos) La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha denunciado que en Venezuela los ataques de seguridad contra defensores y organizaciones de Derechos Humanos aumentaron un 32% en el 2023 en comparación al 2022.
Se registraron 524 ataques el año pasado, mientras que en el 2022 solo se documentaron 396 ataques. «Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra personas defensoras de derechos humanos», indicó la ONG en su informe anual.
La CIJ también denuncia en su informe que el 2023 estuvo marcado por una «profundización de la política de criminalización» y un «aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras»
Sobre este punto de atención, se puede señalar que aumentaron las vulneraciones a los derechos de asociación, manifestación, reunión, expresión, defensa y opinión.
Fue un «año de amenazas, hostigamiento, intimidación y uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil», subrayó la ONG.
Con información de EFE
Las denuncias de la CDJ
Según estos registros, 298 fueron hechos de «estigmatización», 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, 8 de judicialización, 4 detenciones «arbitrarias» y otros cuatro no especificados.
Sobre los responsables, el CDJ señaló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones «afectas a los intereses políticos del Estado» y «afiliados al (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)» en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a «organismos de seguridad» en 24 de los hechos.
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La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, aún sin fecha definida, aumentarán «las restricciones al espacio cívico y democrático», así como la «criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil».
Además, alertó de la elaboración, por parte del Parlamento, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de «limitar y obstaculizar el trabajo» de la «sociedad civil en general».
