En un acto de violencia descarada, colectivos paramilitares atacaron la vigilia pacífica del Comité de Madres en Defensa de la Verdad frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas el 5 de agosto de 2025. Alrededor de 70 personas encapuchadas, armadas con pistolas y objetos contundentes, agredieron a madres y activistas que exigían la liberación de sus hijos, presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.
Las víctimas, incluyendo una madre con un bebé y una mujer embarazada, fueron golpeadas, robadas y arrastradas por negarse a entregar sus pertenencias, según denunció la ONG Provea. Este ataque, perpetrado con la complicidad de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el GAES, evidencia la represión sistemática del régimen contra quienes luchan por la verdad y la justicia.
Un ataque planeado con impunidad
La agresión ocurrió a las 11:16 p.m., cuando los colectivos irrumpieron en la vigilia, robando carteras, documentos, teléfonos, llaves y carpas. Testigos relataron que los contingentes de la PNB y el GAES, presentes inicialmente, se retiraron minutos antes, dejando a las manifestantes desprotegidas. Luego, un grupo mixto de policías y encapuchados reapareció, atacando con brutalidad.
“Arrastraron por el piso a quienes se resistían”, señaló Provea, destacando la ausencia de resguardo como un factor que facilitó la violencia.
Este modus operandi coincide con el descrito por Human Rights Watch en 2024, donde los colectivos actúan como brazo armado del régimen, reprimiendo junto a fuerzas de seguridad tras el uso inicial de gases lacrimógenos.
Mujeres en la mira del régimen
El ataque no solo violó el derecho a la protesta pacífica, garantizado por la Constitución venezolana, sino que revictimizó a mujeres que llevan meses exigiendo justicia para los 807 presos políticos documentados por Foro Penal, 95 de ellos mujeres. La falta de respuesta del TSJ y la complicidad de las fuerzas de seguridad agravan la situación. “Nuestros hijos no son delincuentes, son jóvenes con sueños truncados”, expresó una madre, según La Patilla, denunciando la inacción del fiscal general y la falta de celeridad procesal. Este episodio se suma a la exclusión de mujeres en la política, evidenciada en las elecciones municipales de 2025, donde solo el 18% de las alcaldías fueron asignadas a mujeres.
Los colectivos, descritos por The New York Times como milicias armadas que operan con impunidad desde la era de Hugo Chávez, han evolucionado de organizaciones comunitarias a grupos criminales que reprimen disidencia y controlan territorios mediante extorsión y narcotráfico. En 2024, la Misión de la ONU señaló que actúan en coordinación con el SEBIN y la Guardia Nacional, perpetrando asesinatos y desapariciones forzadas. El ataque al Comité de Madres refuerza esta narrativa, mostrando cómo el régimen de Maduro utiliza a estos grupos para silenciar a quienes desafían su poder, mientras la fractura interna del chavismo, mencionada por Gustavo Tovar, debilita su control.
Exigencia de justicia
El Comité de Madres exige una investigación inmediata del Ministerio Público y un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora han guardado silencio. La comunidad internacional, incluyendo la OEA y la Corte Penal Internacional, debe condenar este ataque y presionar por la liberación de los presos políticos. Como afirmó María Corina Machado, “la verdad y la justicia son la base para recuperar la libertad en Venezuela”. La represión no puede seguir silenciando a las madres que luchan por la democracia.
