(Fuente: EFE / Nota de prensa) Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han exigido la liberación de la activista y defensora de los Derechos humanos, Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, que fue detenida el pasado viernes y desde entonces se desconoce su paradero.
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, ha exigido al fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información sobre el paradero de San Miguel y la liberación inmediata.
Con información de El Nacional
Las posturas de diferentes ONG frente a la detención de Rocío San Miguel
El Frente Amplio de Mujeres rechazó contundentemente la detención arbitraria y desaparición de la activista, de quien exigió de inmediato fe de vida, y alertó a la comunidad internacional de esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial, prevista para este año, aunque aún sin fecha definida.
Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron 48 horas de la desaparición de San Miguel, quien fue detenida por el SEBIN en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Aquí, San Miguel tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.
Las organizaciones Una Ventana a la Libertad (UVL), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis también rechazaron, a través de mensajes en X, la detención de la activista.
La ONG Foro Venezolano de Política Exterior (FVPE) manifestó su preocupación por el paradero de San Miguel. “Este acto refleja la persecución sistemática del régimen en contra de la sociedad civil”, dijo.
Por su parte, dirigentes opositores a Nicolás Maduro, quienes condenaron la detención, alertaron a la comunidad internacional de este hecho, del que responsabilizan al gobierno.
San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, «a más tardar el 6 de mayo», un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a favor de la activista y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
