La ONG Provea advirtió que la emergencia generada por el doble terremoto del 24 de junio no exime a las autoridades de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales, y que la tragedia, lejos de aliviar la situación, ha profundizado la vulnerabilidad de miles de personas que ya enfrentaban condiciones económicas críticas.
En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la organización señaló que los afectados por los sismos enfrentan mayores dificultades para acceder a la alimentación, la salud, el agua potable, la educación, el trabajo, la vivienda, el vestido y los servicios públicos adecuados. Y recordó el dato que resume el fondo del problema: desde 2022, el salario mínimo en Venezuela permanece en 130 bolívares mensuales, equivalentes a unos 0,18 dólares diarios a la tasa oficial vigente.
Con información de Monitoreamos
Provea señaló que el estancamiento salarial y de las pensiones ha eliminado la capacidad de ahorro de los trabajadores venezolanos, y que en el contexto de la emergencia sísmica esa realidad agrava de forma directa las dificultades de las familias afectadas, que llegan a la catástrofe sin ningún colchón económico que les permita recuperarse.
La organización instó a las autoridades a «adoptar todas las medidas necesarias y emplear el máximo de los recursos disponibles» para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo el respeto a las conquistas laborales de los trabajadores y sus familias.
