La ONG venezolana Súmate, enfocada en asuntos electorales, informó que Nélida Sánchez, su coordinadora nacional de Formación, permanece secuestrada desde hace un año, víctima de «indefensión judicial» debido a irregularidades en su proceso judicial que lo vuelven «nulo», según un comunicado publicado por la organización.
Sánchez, arrestada el 26 de agosto de 2024 sin orden judicial, enfrenta cargos como instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, basados en «pruebas falsas forjadas por el Sebin» en el acta policial para justificar su detención. Estas pruebas consisten en dos mensajes en X, publicados en fechas posteriores a su arresto, que Súmate asegura que Sánchez «nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal».
Súmate acusa al poder judicial de actuar con «clara parcialidad» y sin independencia, incurriendo en «falso supuesto» y violando el derecho humano al debido proceso de Sánchez. La activista, recluida en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, ha sufrido «daños graves e irreparables» a su salud física y mental, enfrentando hipertensión, insuficiencia venosa, taquicardia, fibromialgia y recientemente diagnosticada con síndrome de estrés postraumático en prisión.
La ONG sostiene que el Estado venezolano ha violado derechos fundamentales como la libertad personal, la atención a una vida saludable, la presunción de inocencia, el ejercicio de la defensa por sus abogados de confianza y ser oída con las debidas garantías.
Esta denuncia de Súmate se produce en un contexto de creciente presión internacional contra Maduro, tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global por EE. UU., con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. El régimen responde con represión, mientras EE. UU. y Francia intensifican sus ofensivas contra el narcotráfico en el Caribe.
