La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Católica Andrés Bello demandó al régimen la publicación de información oficial económica, fiscal y social detallada y oportuna, como condición indispensable para la reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.
En un comunicado aprobado el 29 de julio por el Consejo de Facultad, la institución advirtió que la opacidad estadística y presupuestaria del chavismo dificulta diseñar estrategias de recuperación eficientes, coordinar la cooperación nacional e internacional y asegurar transparencia en el uso de los recursos.
FACES reconoció los esfuerzos de organismos como el PNUD, la OCHA, el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación ante Desastres, que ya difundieron evaluaciones técnicas sobre daños y pérdidas. Sin embargo, subrayó que esos diagnósticos requieren como punto de partida información previa al sismo: cuentas nacionales, indicadores socioeconómicos y datos demográficos, fiscales, sanitarios y educativos desagregados por territorio y población. «Los datos de referencia son fundamentales para determinar el impacto general del desastre en todos los sectores, incluido su impacto en el desarrollo humano», señala el documento.
Más de una década sin datos oficiales
La Facultad recordó que en Venezuela buena parte de esa información era de libre acceso hasta 2014, pero desde entonces el régimen interrumpió o redujo la publicación de cuentas nacionales, balanza de pagos, cuentas fiscales, censos, encuestas de hogares y boletines epidemiológicos. «En algunos casos, estadísticas ya publicadas fueron retiradas de páginas web oficiales», denunció FACES.
El documento advirtió que esta opacidad persiste pese a la aprobación desde enero de 2026 de nuevas leyes para atraer inversiones, la anunciada renegociación de deuda externa y la reanudación de relaciones con organismos multilaterales.
FACES también señaló que las estrategias de recuperación requieren un presupuesto claro que no dependa exclusivamente de fondos provenientes de donaciones y liquidación de activos, «porque el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar ni visión de conjunto ni continuidad» en la atención de las múltiples consecuencias del desastre. Los presupuestos nacionales, sus planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse en Venezuela a partir de 2016.
El comunicado, suscrito por el decano Ronald Balza y la secretaria del Consejo de Facultad María Alejandra Paublini, concluyó exigiendo la publicación urgente de información oportuna, desagregada y consolidada, como condición para iniciativas sostenibles que ofrezcan asistencia a las víctimas y promuevan la recuperación en democracia.
