El ministro de Educación del régimen madurista, Héctor Rodríguez, ordenó a docentes y administrativos reincorporarse el 8 de septiembre, adelantándose al inicio oficial del año escolar previsto para el 16 de septiembre. Sin embargo, gremios como Gremio Docente denuncian que este llamado carece de respaldo legal y aseguran que no asistir no implica sanciones penales ni administrativas, en un contexto donde el régimen de Nicolás Maduro intensifica la presión sobre los trabajadores públicos para sofocar la resistencia.
La normativa educativa venezolana establece que el año escolar comienza el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, es decir, el 16. Gremio Docente, en un comunicado, aclaró: “No asistir el 8 de septiembre no constituye un delito. Las directrices del ministro son administrativas y no tienen rango de ley”. Aunque advierten sobre posibles presiones institucionales, los docentes pueden acogerse a la fecha legal sin temor a represalias legales.
La renuencia de los gremios refleja el malestar por las condiciones laborales: salarios de miseria, infraestructura escolar deteriorada y falta de insumos. Según el Observatorio de Conflictividad Social, los docentes venezolanos ganan en promedio 15 dólares mensuales, uno de los más bajos de América Latina. Esta situación ha llevado a protestas recurrentes, reprimidas por el régimen con amenazas y detenciones.
El llamado de Rodríguez se da en un contexto de escalada represiva. Foro Penal reporta 1.061 presos políticos, incluyendo casos como el de la familia Guillén, detenida arbitrariamente en Carabobo. La presión sobre los docentes busca proyectar normalidad ante la creciente tensión por el despliegue naval de EE. UU. contra el Cártel de los Soles.
Resistencia gremial: Un grito por dignidad y derechos
Gremio Docente enfatizó: “La obligación formal comienza el 16 de septiembre. Los docentes no deben temer sanciones legales por no acatar un mandato sin sustento”. Sin embargo, la Federación Venezolana de Maestros alertó sobre posibles amedrentamientos por directores alineados con el chavismo, una táctica común para forzar obediencia.
La represión a los docentes no es nueva. En 2023, la ONG Provea documentó 47 detenciones de maestros por exigir mejoras salariales, muchos acusados de “desestabilización”. Esta persecución se suma a los crímenes de lesa humanidad señalados por la ONU, como torturas y desapariciones forzadas, que afectan a opositores y activistas.
