El régimen de Nicolás Maduro denunció este 12 de agosto de 2025 el inicio de operaciones del buque ‘One Guyana’ de ExxonMobil en aguas del Esequibo, un territorio en disputa con Guyana. La Cancillería venezolana emitió un comunicado calificando las acciones como ilegales, ya que se realizan en un área marítima pendiente de delimitación.

Esta escalada, que involucra a ExxonMobil en exploración y explotación de crudo, reaviva tensiones históricas entre Caracas y Georgetown, con Venezuela reivindicando el Acuerdo de Ginebra de 1966 para una solución negociada, mientras Guyana apela a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para ratificar el laudo arbitral de 1899.

Maduro, quien celebró elecciones regionales en el Esequibo en mayo de 2025 pese a órdenes de la CIJ de abstenerse, advirtió que estas operaciones podrían tener «consecuencias políticas y jurídicas». Según el comunicado, ExxonMobil viola el derecho internacional al operar en zonas disputadas, exacerbando un conflicto que ha incluido amenazas militares y referendos controvertidos.

ExxonMobil avanza en medio de la crisis

ExxonMobil, que inició exploraciones en Guyana en 2008 y descubrió el pozo Liza-1 en 2015, anunció en 2024 planes para perforar dos pozos en el bloque Stabroek, centro del Esequibo. En febrero de 2025, recibió una nueva concesión que avivó las tensiones, con Venezuela tildando los permisos de ilegales. El proyecto Whiptail, con una inversión de 12.700 millones de dólares, busca elevar la producción guyanesa a 1,3 millones de barriles por día (bpd), superando los actuales 600.000 bpd, según datos de ExxonMobil citados por AP News.

Maduro, en un video publicado en X el 12 de agosto, llamó a los gobernantes de Guyana «esclavos de la ExxonMobil» y reiteró que el Esequibo es venezolano. Esta retórica, respaldada por cuentas oficialistas como @EsequiboOficial, ignora fallos internacionales y agrava la crisis humanitaria en Venezuela, donde el régimen prioriza disputas territoriales sobre la liberación de 807 presos políticos, según Foro Penal.

La comunidad internacional alza la voz

La CIJ, a la que Guyana recurrió en 2018, rechazó en abril de 2023 la objeción venezolana a su jurisdicción y en marzo de 2025 ordenó a Venezuela no realizar elecciones en el Esequibo, medida ignorada por Maduro, quien procedió con comicios en mayo. Venezuela rechazó esta orden, reivindicando el Acuerdo de Ginebra como base para negociaciones. La ONU y la CIDH han condenado la escalada, con expertos como Phil Gunson de International Crisis Group advirtiendo riesgos de conflicto armado.

El régimen de Maduro, sancionado por EE. UU. con incautaciones de 700 millones de dólares en activos y una recompensa de 50 millones por su captura, usa el Esequibo para distraer de su crisis interna. Mientras ExxonMobil avanza, el pueblo venezolano sufre represión, con 15 desapariciones forzadas documentadas por Amnistía Internacional en el último año.