(Fuente: Alberto News) El día de ayer, 21 de marzo, La Misión de Determinación de Hechos de la ONU, junto a su Alto Comisionado, reiteró el deterioro de la defensa de los Derechos Humanos, así como también el desarrollo de su violación a través de procesos sistemáticos en Venezuela.
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, mencionó en su declaración que “Venezuela continúa enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos en los ámbitos civil, político, económico y social. Conocí personas que me hablaron de su lucha diaria por sobrevivir. Me hablaron de cortes regulares de energía, de la falta de agua corriente, de la falta de disponibilidad de medicinas y alimentos, de cómo se estaban endeudando cada vez más. Y hablaron de los impactos directos en la salud mental de todos estos desafíos, y muchos sufren de ansiedad y depresión. Según estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en el país”.
Otra de las preocupaciones que tienen Türk es la mencionada ley Anti-ONG, la cual busca la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de estas organizaciones que aun tiene pendiente su segunda discusión en la Asamblea Nacional Chavista.
Con información de Alberto News
Por su parte, el día de hoy, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela también presentó una actualización oral de su investigación, igualmente seguido de un Diálogo Interactivo. Entre los aspectos importantes a destacar de la actualización están que las detenciones a personas opositoras continúan y que, según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas permanecen detenidas por causas o motivos políticos y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo.
Las denuncias ante la ONU
De igual forma, la Misión señaló que persisten e incluso han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de los Derechos Humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil, así como a líderes políticos. Respecto a la Ley Antisociedad, la Misión ha insistido en que la nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG.
A propósito de todo lo anterior, Miguel Pizarro estableció: “En ambas actualizaciones y ambos diálogos interactivos ha quedado nuevamente en evidencia que en Venezuela es política de Estado perseguir, amedrentar, torturar y callar a las voces disidentes. El régimen ha prometido cambios estructurales y, hasta la fecha, no los ha llevado a la acción; de hecho, la violación sistemática de DDHH en el país continúa agravándose. Agradecemos profundamente las muestras de preocupación y de apoyo de la comunidad internacional, en especial sus pronunciamientos en rechazo a la Ley Antisociedad, la cual actualmente representa una de las más grandes amenazas en contra del espacio cívico y democrático. Así como su solicitud de que que se liberen a las personas detenidas arbitrariamente y se tomen acciones para prevenir y condenar la impunidad”.
Sobre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión afirma que las conclusiones de la Fiscalía para comenzar una investigación coinciden con las suyas: en que las reformas legales e institucionales han sido insuficientes y con una implementación limitada.
Para finalizar, la Misión de Determinación de Hechos sigue reafirmando no solo la violación sistemática y atroz de los Derechos Humanos en el país, sino la responsabilidad de funcionarios de altos cargos en cada uno de estos hechos. Para este año, se espera la presentación del informe escrito de la Misión orientado a investigar las restricciones del espacio cívico y democrático.
