El abogado venezolano, Zair Mundaray, afirma que Nicolás Maduro ataca sistemáticamente a los colombianos en Venezuela, bajo el argumento que existe un «enemigo interno» que representa una amenaza a su régimen.
Mundaray, quien actualmente vive exiliado en Colombia, tuvo que salir de Venezuela luego que el régimen de Nicolás Maduro lo declarara como «traidor a la patria» puesto que en sus investigaciones sobre los asesinatos de los estudiantes de las protestas del año 2016, se dio a conocer que dichos crímenes fueron bajo la mano de las fuerzas militares y policiales de Venezuela.
Hoy por hoy, el abogado ejerce su profesión en Colombia, defendiendo a los colombianos que tienen una relación de persecución en Venezuela.
Colombianos perseguidos en Venezuela
Es importante para Nicolás Maduro mantener un control total de todo el territorio de Venezuela y esto lo logra con la persecución de lo que su régimen considera como «enemigos internos». En este caso, se trata de los colombianos residenciados en su país hermano, una nación que ahora representa un peligro inminente puesto que las fuerzas de la dictadura se han fijado en atacar este grupo de personas en las cercanías de la frontera colombo-venezolana.
Es por esto que Mundaray confirma que cada vez que el régimen se siente amenazado, recurre a la persecución sistemática. «Se trata de un ataque sistemático, o sea no son situaciones puntuales, cada vez que Maduro tiene una situación de conflictividad interna en Venezuela, apela al enemigo externo, y esa apelación le ayuda a acusar a colombianos de ser paramilitares».
El abogado venezolano también explica que esta persecución contra de este grupo de colombianos es fácilmente aplicable como un crimen de lesa humanidad, porque se trata de una comunidad con características definidas tal como lo es la nacionalidad. De hecho, muchos de estos perseguidos vivían bajo el marco de la ley en Venezuela, sin ningún tipo de antecedente penal, de hecho algunos ya tenían la nacionalidad venezolana o estaban residenciados como refugiados, pero aún así el régimen de Maduro no descansa bajo su objetivo inhumano.
«Esta es una arremetida que viene sucediendo desde hace tiempo, el 01 de septiembre del 2016, Maduro declaró que tenía detenido a 96 paramilitares (…) nosotros investigamos y nos dimos cuenta que se trataban de albañiles, pequeños comerciantes, buhoneros, que solo estaban detenidos por ser colombianos. Estas personas duraron casi dos años presas sin causa penal alguna, de hecho tenían una orden de liberación por parte de un juez», relató Mundaray.
Con respecto a la liberación autorizada para este grupo de colombianos inocentes, Mundaray recuerda que conversó con Néstor Reverol, quien fue para ese momento el ministro de Interior y Justicia, y le solicitó la ejecución de la orden, pero el dirigente chavista se negó porque «eran presos de Maduro y no puede intervenir en eso».
Luego de dos años de la detención injusta, el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, los acusó de terrorismo, puesto que no existían otros cargos que se pudiesen atribuir a este grupo de colombianos inocentes y luego de esto fueron expulsados del país sin haber mostrado alguna prueba durante todo el proceso.
Esta no ha sido la única vez en la que el régimen de Maduro ataca a la población colombiana en Venezuela. En octubre del 2015, fuerzas del régimen se trasladaron a una comunidad cercana a la frontera en el estado Táchira donde vivía una gran cantidad de colombianos e iniciaron con el marcaje de sus viviendas con una gran «D» que significaba demoler.
Durante este procedimiento que claramente vulnera los derechos humanos de los colombianos y que se parece más a una persecución digna de los nazis, Mundaray recordó que fueron detenidas 1950 personas y 22.340 colombianos fueron obligados a abandonar sus casas.
«Las Naciones Unidas reportó que las casas fueron demolidas, las personas no pudieron sacar la mayoría de sus cosas, los niños perdieron el año escolar, muchos fueron víctimas de tratos inhumanos y torturas (…) de hecho algunos colombianos tenían hasta 40 años viviendo en Venezuela con hijos con dicha nacionalidad y aún así fueron obligados a cruzar el río fronterizo para pasar a Colombia», denunció el abogado.
Presos políticos en Venezuela
Ser un preso político en Venezuela no solamente se basa en la persecución, sino que también se convierte en un blanco para la tortura como método de humillación y deshumanización de la persona que está secuestrada. Dicha violación sistemática de derechos humanos en Venezuela ha avanzado a un tal punto que ya no bastan los sitios de reclusión públicos, sino que el régimen de Maduro se ha dado la tarea de crear sitios clandestinos para cumplir sus actos de lesa humanidad.
Mundaray comenta que el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) ha logrado incautar más de diez casas en el este de Caracas y las acondicionan para que sean lugares de tortura. El abogado venezolano incluso acusa que dichas edificaciones son resistentes al sonido, característica precisa para que no se escuchen los gritos que salen desde el interior.
Zair Mundaray también indica que estos escenarios de represión y violación de derechos humanos han empeorado en Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro se siente bajo un escenario de relativa estabilidad política, lo cual le da la fuerza para continuar destruyendo los sectores democráticos en el país.
Un caso ejemplo de esta situación se trataría de la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte del capital retirado Marina Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, quien prácticamente fue llevado moribundo frente a un juez.
Dicho exfuncionario de la marina venezolana conoció una de estas casas donde fue torturado terriblemente. De hecho, este crimen fue denunciado y registrado en la ONU como el caso «MORIR ANTE UN JUEZ».
Aunque el régimen de Maduro sea la mente detrás de todas violaciones, finalmente el brazo ejecutor es la fuerza armada venezolana, grupo militar que es muchas veces señalado bajo crímenes como la trata de blancas o incluso de la vejación de los colombianos que fueron obligados a salir del país luego que sus viviendas fueran demolidas por estos mismos cómplices de la dictadura.
La acción de Colombia ante esta situación
Mundaray afirma que el gobierno del expresidente Iván Duque supo entender la situación que se vive en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, puesto que no solo le dio refugio a los colombianos perseguidos, sino también a cualquier ciudadano que estuviese escapando de las garras de la dictadura, además no se realizó ningún tipo de cooperación desde la fiscalía colombiana para con la venezolana.
El modo de operación del régimen es relacionar con crímenes comunes a los perseguidos, ya que no existe una verdadera acusación, y así puedan solicitar información a los otros países argumentando así que no se persigue de forma política sino que hay un proceso de justicia que presuntamente debe llevarse a cabo.
Mundaray también confirma que desde la llegada al poder de Gustavo Petro como presidente de Colombia y la de Armando Benedetti como embajador del país neogranadino en Venezuela, no se ha realizado ningún tipo de apoyo consular para los presos políticos en Venezuela, lo que provoca que aquellos ciudadanos se encuentren en un limbo jurídico porque no hay nadie que los defienda más allá de sus propios abogados.
Caso de Jonathan Palacios
Uno de los casos más resaltantes sobre presos políticos en Venezuela contra extranjeros sería el de Jonathan Palacios, un animalista colombiano y fundador de una organización se encargaba de proteger animales abandonados en el estado Táchira. Ahora es un preso de régimen de Nicolás Maduro por denunciar cargamentos ilícitos en la frontera y de usar una fotografía donde se evidencia la compañía de un mono capuchino con el fiscal del régimen Tarek William Saab.
Se le atribuyen los supuestos crímenes de detención de fauna silvestre, a pesar de liderar una organización llamada Fundabolívar que se preocupa de animales en situación de abandono y maltrato, además les da una vida más apacible en un refugio.
Actualmente sigue preso en Venezuela y se encuentra en muy malas condiciones físicas, y aunque todos los cargos puestos en su contra no han podidos ser probados por la fiscalía, el régimen lo mantiene secuestrado y alargando esta injusticia a través de extorsiones de personas conocidas del preso para que testifiquen cualquier crimen para justificar esta detención.
CPI
Los casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela han logrado ser denunciados ante la Corte Penal Interamericana (CPI) y actualmente existen investigaciones sobre esta situación que evidencia que no existe estado de derecho en el país. Mundaray lleva dos casos relacionados a colombianos que están unidos a estas denuncias, él explica que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de entorpecer y frenar estas averiguaciones a través de mociones que eviten los testimonios directos de las víctimas hacia la Corte Penal Interamericana.
Mundaray también habla del formulario que abrió la CPI para que las víctimas puedan, no solo hablar de sus denuncias, sino también darle una autorización al ente internacional de continuar con la investigación contra los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta solución combate la moción del régimen de Nicolás Maduro que solicitaba que los testimonios de las víctimas fuesen a través de un resumen realizado desde Venezuela.
Los casos que lleva el abogado venezolano son sobre los 56 colombianos detenidos y los 22.340 que fueron obligados a abandonar el país bajo actos de vejación a su persona y sus propiedades. Mundaray afirma que estas denuncias ya se encuentran en las manos del CPI, además de las venezolanas que son muchas, pero detalla que la investigación de la institución busca esclarecer los casos que tengan relación con asesinatos, torturas, desaparición forzada y agresión sexual a detenidos, siendo este último crimen un acto que se comete día a día en Venezuela contra los presos políticos en los sitios clandestinos sin importar el género de la persona.
Gobierno de Petro y su colaboración con Venezuela
Aunque hayan pasado casi nueve meses desde que Gustavo Petro tomó la presidencia de Colombia, ya se ha establecido una relación entre Colombia y el régimen de Nicolás Maduro, la cual no solo ha buscado entrelazarse económicamente, sino que también se ha tratado de enmarcar una colaboración fiscal, la cual es muy peligrosa desde la perspectiva de Mundaray, puesto que muchas de estas investigaciones y solicitudes por parte del régimen se tratan de persecuciones políticas que son disfrazadas de crímenes comunes para atrapar así a las personas que son parte de sus objetivos.
Es una posición complicada para el gobierno de Petro porque se autodenomina como defensor de los derechos humanos, pero está estrechando la mano con un régimen genocida que ha maltratado y perseguido no solo a los venezolanos, sino también a los colombianos. Mundaray confirma que el régimen de Nicolás Maduro ya ha tratado de solicitar colaboración para atentar en su contra, pero en su momento el gobierno de Iván Duque negó dicha solicitud porque se trataba de persecución política.
Zair Mundaray afirma estar muy agradecido con Colombia porque actualmente puede ejercer su profesión como abogado y seguir defendiendo los derechos humanos, sin embargo confiesa tener un gran dolor por abandonar su país y verse obligado a dejar su vida allá, además que siente como si estuviese cumpliendo una condena por no poder regresar y cooperar en la reconstrucción de Venezuela, sino que también debe empezar de nuevo en Colombia ante la pérdida de una carrera jurídica de 30 años.
