(Fuente: EFE / Infobae) La oposición de Venezuela, agrupada en su mayoría en la Plataforma Unitaria (PU) ha celebrado la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
“Celebramos este logro de todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro. Esto ratifica una vez más que hay evidencias de que en manos del régimen se han cometido crímenes de la humanidad y que no hay disposición de investigar y juzgar estos hechos”, señaló la coalición antichavista en un mensaje publicado en Twitter.
La oposición también respaldó la valentía de “cientos” de víctimas que no no callaron pese al amedrentamiento de sus victimarios”.
La exdiputada Delsa Solórzano ha indicado que esta decisión de la CPI es un “nuevo triunfo” para las presuntas víctimas y representa un revés para el régimen de Nicolás Maduro.
Con información de EFE
El opositor Julio Borges también celebró el anuncio, al tiempo que pidió a todos los venezolanos seguir luchando “hasta que se imponga la justicia en Venezuela”.
“El régimen solo ha buscado dilatar el proceso de justicia y burlarse de las víctimas”, dijo en su cuenta de Twitter.
El recuento del caso Venezuela en el CPI
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
La autorización fue concedida al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
La Sala de Cuestiones Preliminares del alto tribunal señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación”, considera que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
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“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual”, señaló la Sala.
No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión “no impide” que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la “inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.
Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
