(Fuente: El Nacional) El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) exigen al régimen de Nicolás Maduro a fortalecer la prevención para evitar los casos de abuso sexual en contra de los menores de edad.

«El Estado debe enfocarse en la prevención porque nuestro trabajo como sociedad, como Estado, nuestro trabajo de corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes debe ser prevenir, evitar que sucedan porque daña profundamente sus vidas», indicó Angeyeimar Gil, investigadora de Redhnna, en la presentación del libro Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela.

Gil sostiene que la crisis y la «desestructuración en las familias» han facilitado que existan más casos de abuso sexual.

Con información de El Nacional

«Fortalecer el sistema de protección»

«La educación es una base para poder reconstruir como entendemos a la sociedad y como nos relacionamos en la sociedad los niños, niñas y adolescentes con los adultos. La educación para una sexualidad integral es un pilar obligatorio», apuntó.

Dijo asimismo que para prevenir la violencia sexual y la basada en género se debe fortalecer el sistema de protección, contar con recursos humanos y económicos, con programas y formación constante.

La investigadora señaló que el sistema de justicia está en «muy malas condiciones» para enfrentar todos los casos de violencia, por lo que llamó a los organismos públicos a trabajar de manera colaborativa para evitar la revictimización.

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7.165 casos de abuso sexual contra menores de edad desde agosto de 2022

El Ministerio Público de Venezuela contabiliza 7.165 casos de abuso sexual contra menores de edad desde agosto del año pasado, cuando comenzó el programa Pedofilia es Crimen, proyecto para combatir ese flagelo, informó el miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.

También dijo que por ese delito imputaron a 2.317 personas. De ellas, 1.355 ya están bajo condena.

Ante estos datos, el fiscal anunció la creación de una «macro-Fiscalía» con competencia nacional para proteger la integridad sexual de los jóvenes e «incrementar la capacidad» de atención del Ministerio Público, así como la defensa de las víctimas.