(Redactado por David Gallardo) Carlos Ramón Salazar Lares, el ingeniero jubilado de 60 años, que grabó a Alex Saab de compras en la isla de Margarita, se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en el estado Nueva Esparta.
Allí está el malandro Alex Saab (…) dándose vida aquí en Margarita», se escucha en un video a Carlos Ramón Salazar Lares, enfocando a Saab junto a su hijo cuando entraban a una tienda en la isla.
No obstante, desde ese momento sus familiares habían denunciado su desaparición. La última vez que se supo de él fue el pasado 5 de febrero cuando conducía su vehículo tipo sedan marca Mazda color gris.
Sus familiares, controlados por le miedo y la zozobra, decidieron retirar publicaciones en la redes sociales que pedían conocer el paradero del jubilado sexagenario.
El Sebin
La periodista Maryorin Méndez indica que «Luego de la presión mediática el Foro Penal fue informado de que el trabajador jubilado de Pdvsa que grabó a Alex Saab está detenido en el SEBIN de Nueva Esparta. La ONG asumirá la defensa del ingeniero Carlos Salazar».
Alex Saab está libre en Venezuela tras un acuerdo entre Maduro y Estados Unidos, cuyas autoridades lo acusaron de lavado, corrupción y enriquecimiento con el dinero de los venezolanos.
A cambio, Estados Unidos recibió a diez de sus ciudadanos que estaban siendo torturados en cárceles de Caracas y un delincuente que escapó de ese país tras realizar la mayor estafa a la Marina estadounidense, apodado Fad Leonard.
El colombiano Alex Saab es ahora el Centro Internacional de Inversión Productiva, pero además fue sumado a la delegación del régimen para representarlos en los Diálogos de Barbados.
Desde su nuevo cargo se ha reunido con los más altos representantes de los países que tienen relaciones diplomáticas con Venezuela para ejecutar acuerdos de comercios, entre ellos Siria, Portugal, China, Irán, y otra decena de países.
Distintos defensores de derechos humanos han denunciado la práctica de la desaparición forzada en Venezuela con el aval del Estado, que ya está siendo procesado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
