(Fuente: El Carabobeño) Ante las contantes potestas que de los docentes, pensionados y algunos trabajadores públicos en Sucre bajo la exigencia de una mejoría en las condiciones laborales y salariales, el régimen de Nicolás Maduro planea suplantar los docentes con empleados públicos.
“En Sucre no hay actividades escolares porque los padres y representantes lo decidieron en asambleas masivas, mientras los docentes acatan el llamado de las organizaciones sindicales de conformidad con el derecho a la concentración, la protesta y mantenerse en asamblea”, dice el dirigente Jesús Malavé, en representación de la Coalición Sindical Regional del Magisterio en Sucre.
Jesús Malavé ha sido enfático en señalar que los trabajadores se mantienen apegados a su derecho constitucional de protestar, aparte que están amparados bajo la Ley Orgánica del Trabajo y la Cláusula 82 de la Contratación Colectiva, que falta el derechos de los sindicatos a convocar asambleas cada vez que lo consideren pertinente.
Ante este escenario, el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, ha anunciado que se está realizando un inventario de profesionales para ponerlos al servicio de la educación del estado oriental.
«Estamos tomando medidas para evitar que los niños, adolescentes, jóvenes, personas discapacitadas y adultos, pierdan el año escolar”, dijo Pinto.
Con información de El Carabobeño
En su opinión, se trata de reivindicar el derecho a la educación que tiene la población estudiantil.
Con el inventario de profesionales, técnicos de las áreas de las “ciencias duras”, ingenieros y licenciados en educación, todo el personal profesional de la Gobernación está al servicio para el rescate de los derechos de los niños en su “inasistencia inducida a las aulas de clase”.
Pinto sostuvo que la continuidad de las manifestaciones docentes y la suspensión de actividades aprobada en asamblea de padres y representantes, atenta contra la escolaridad.
“Aquí el tema no es la discusión que el salario sea justo o no. Estamos tomando medidas para poner toda la tropa de la Gobernación y las alcaldías en las aulas de clase”, aseveró.
Hasta el partido en Sucre
Aseguró que la medida ha sido canalizada a través del Ministerio de Educación, Zona Educativa del estado Sucre y que además, será debatida “para tener una postura desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)”.
El anuncio generó rechazo en docentes como Edgar Hernández, quien desestimó el anuncio gubernamental por considerar que el personal de gobernación no cuenta con elementos pedagógicos para planificar y evaluar un aula de clases.
Al respecto, el dirigente Malavé también señaló que cada vez que el sector declara un conflicto, el Gobierno asume conductas de intimidación y amenaza.
“Intentan cubrir las faltas de los docentes en las aulas con personal no calificado como ya pretendieron hacer en una oportunidad con Chamba Juvenil, una medida que recibió el rechazo de las propias comunidades educativas, especialmente de padres y representantes”, dijo.
La Coalición Sindical emitió un comunicado en el que emplazan al Gobernador a leer la Constitución y lamentaron que los altos funcionarios del Gobierno se pongan al margen, desconozcan o violen el estamento.
Con ello, citaron el Artículo 104 que establece que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad comprobada e idoneidad académica…”
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Precisaron que el año escolar tiene 200 días hábiles y se pierde con 70% de inasistencias (150 días), pero los docentes solo tienen 32 días fuera de las aulas.
La dirigencia duda de la preocupación de Pinto por la educación auténtica o creíble por cuánto padres, representantes, docentes y comunidades, han exigido dotación, reparación, acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura escolar pero no les han prestado atención.
En el documento son citados casos como el Liceo Alberto Sanabria de Cumanacoa, municipio Montes, que tiene una matrícula de 870 estudiantes pero solo cuenta con 80 pupitres.
En la Angoleta, municipio Cruz Salmerón Acosta, la escuela básica necesita aulas porque los jóvenes reciben clases en una ranchería y en el sector Tres Picos de Cumaná un improvisado galpón que sirvió para criar pollos, es el lugar en el que los jóvenes acuden diariamente a clases.
La coalición sindical considera que las acciones y decisiones del Gobierno deben estar ajustadas a la Constitución nacional y estadal. Fueron enfáticos al señalar que el PSUV debe mantenerse fuera del conflicto de los educadores.
“No permitiremos la injerencia político partidista en nuestra lucha”, enfatizaron.
Las movilizaciones semanales de los docentes han sido cada vez más concurridas y han avanzado por las zonas populares para llevar acciones como el “sacudón ministerial”, por las parroquias Altagracia Ayacucho, Santa Inés, San Juan y Valentín Valiente en el municipio Sucre, hasta los pancartazos y recorridos circuitales en cada jurisdicción de la entidad.
La nómina sucrense cuenta con más de 27.000 educadores y la matrícula escolar oficial supera los 239.000 estudia.
