El régimen de Nicolás Maduro ha intensificado la represión contra manifestantes, opositores y civiles desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), que documenta una serie de graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados afines al oficialismo.
Titulado “Castigados por buscar un cambio”, el informe de 111 páginas revela que el aparato estatal venezolano llevó a cabo asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas con el objetivo de sofocar las protestas y castigar a quienes exigían respeto a la voluntad popular.
Asesinatos y represión sistemática
Según HRW, 24 manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las jornadas de protesta postelectoral. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron alcanzadas por disparos efectuados por efectivos de seguridad o por miembros de los llamados “colectivos”, grupos paramilitares que actúan con el aval del régimen.
La organización también reporta que más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por participar en manifestaciones pacíficas, expresar críticas al gobierno o simplemente por apoyar al candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien múltiples reportes independientes consideran el verdadero ganador de los comicios.
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el patrón de desapariciones forzadas, que incluyó a líderes políticos, familiares de opositores y ciudadanos extranjeros. Muchos de ellos fueron trasladados a centros clandestinos de detención donde se reportaron actos de tortura, asfixia con bolsas, descargas eléctricas y abuso sexual.
Entre las víctimas figura el exconcejal caraqueño Jesús Armas, quien fue sometido a sesiones de tortura para forzarlo a incriminar a otros miembros de la oposición. También se documentaron casos de menores de edad golpeados y abusados por agentes de seguridad.
HRW recopiló 101 testimonios, verificó 76 videos y 17 fotografías y trabajó con defensores de derechos humanos, periodistas y testigos en todo el país para construir un expediente detallado sobre estos crímenes de Estado.
La elección bajo sospecha
El informe subraya que los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca fueron transparentados adecuadamente. Ni las actas de escrutinio fueron publicadas, ni se permitió una verificación independiente. Observadores internacionales como el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU señalaron indicios de fraude y manipulación.
“El Centro Carter concluyó que, con base en las actas obtenidas por la oposición, Edmundo González habría ganado por un amplio margen”, señala el informe.
Desde el inicio de la represión poselectoral, miles de venezolanos han huido del país. HRW estima que ya hay más de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el extranjero, lo que convierte a esta crisis en una de las más profundas del hemisferio occidental.
La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que no flexibilice su postura frente al régimen de Maduro sin garantías claras y verificables de mejora en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de los presos políticos y víctimas de desaparición forzada.
“Que Maduro rinda cuentas”
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, fue contundente:
“La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido”.
El informe refuerza la postura de organizaciones y gobiernos que han denunciado el progresivo cierre del espacio democrático en Venezuela, agravado ahora por una ola de represión masiva que busca borrar todo vestigio de oposición o disidencia.
Human Rights Watch concluye que mientras no haya consecuencias internacionales reales para los responsables, el régimen de Nicolás Maduro continuará actuando con impunidad.
