La organización Foro Penal Venezolano publicó su más reciente balance semanal en el que reporta un total de 906 personas detenidas por razones políticas en el país, una cifra que refleja el continuo deterioro de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. De ese total, 67 ciudadanos permanecen en condición de desaparición forzada, ya que se desconoce su paradero.
El informe, correspondiente al periodo entre el 21 y el 28 de abril, señala que durante esa semana se registraron 17 nuevas detenciones arbitrarias, mientras que una persona fue excarcelada. El perfil de los detenidos revela que 815 son hombres y 91 mujeres; 737 son civiles y 169 militares.
Además, cinco adolescentes se encuentran privados de libertad, entre ellos un joven con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) recluido en el estado Falcón, y otros tres adolescentes en los estados Lara y La Guaira, lo que evidencia una preocupante tendencia en la criminalización de menores de edad en el contexto de protestas o disidencia política.
Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha documentado un total de 18.330 detenciones políticas en Venezuela. A pesar de las excarcelaciones parciales a lo largo de los años, más de 9.000 personas aún se encuentran sometidas a medidas cautelares restrictivas de libertad, como presentaciones periódicas ante tribunales, prohibiciones de salida del país o arrestos domiciliarios, en un esquema de control que, según la organización, busca silenciar la disidencia y mantener la persecución judicial activa.
La organización de derechos humanos informó que esta lista actualizada de presos políticos fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de que sea verificada, certificada y visibilizada internacionalmente. Ambas instancias han sido claves en el seguimiento de la crisis de derechos humanos que vive Venezuela, documentando prácticas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y tratos crueles.
Este nuevo informe se publica en un contexto de creciente represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados son ampliamente cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional. Las detenciones se han intensificado tras las protestas ciudadanas, y muchos de los detenidos están vinculados a actividades políticas, defensa de derechos humanos o cobertura informativa.
El Foro Penal reiteró su llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a aumentar la presión y la vigilancia sobre el régimen venezolano, exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese de la persecución judicial y el respeto a las garantías procesales de los detenidos.
