(Fuente: EFE / Alberto News) La activista de Derechos Humanos, Andreína Baduel, ha exigido al régimen de Nicolás Maduro una fe de vida inmediata de su hermano, Jornars Adolfo Baduel, a quien tiene más de «tres meses» sin poder ver y ante «rumores en redes sociales» sobre su «posible muerte».
«El Estado venezolano es totalmente responsable de lo que ocurra con Josnars. Su silencio es una forma de tortura, no solo para él, sino para toda nuestra familia. ¡Fe de vida ya! ¡Libertad para Josnars y para todos los presos políticos!», expresó en la red social X.
La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (Clippve) aseguró que fue el centro penitenciario El Rodeo I en el estado Miranda donde se encuentra su hermano, con «la esperanza de tener noticias, pero los funcionarios se negaron» a dar «detalles y no» le «permitieron verlo».
«No hubo comunicación oficial alguna. Solo nos solicitaron un inmovilizador de hombro, sin explicar su estado de salud ni el motivo de la solicitud», aseguró Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido.
Con información de EFE
La activista dijo desconocer si el estado de salud de su hermano «se ha deteriorado aún más» y «si los dolores crónicos en hombros y rodillas, producto de colgamientos y golpizas brutales, se han agravado».
«Durante años se le han negado operaciones urgentes y su deterioro ha sido progresivo. Hoy no sabemos en qué condiciones se encuentra. Ya vivimos una tragedia. Cuando mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, murió bajo custodia del Estado, nos enteramos por redes sociales, no por los canales oficiales. No podemos permitir que esto se repita», expresó.
La joven fue una de las activistas que organizaron esta semana la llamada ‘Ruta Global por la Justicia y la Libertad’, durante la que visitaron las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón en Caracas, así como la Delegación de la Unión Europea (UE) en el país caribeño, con el fin de «denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático».
La Administración del presidente Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles», lo que rechazan activistas, ONG y partidos y políticos de oposición.
