(Fuente: EFE / Efecto Cocuyo) La ONG Provea ha denunciado que tenía más de 50 horas sin saber el paradero del abogado y activista de Derechos Humanos Eduardo Torres, miembro del equipo legal de la organización.
Provea denunció a través de su cuenta de la red social X (Twitter) que la última vez que se tuvo contacto con el activista fue el viernes al as 16:00 hora local, cuando avisó que iba a su casa en Caracas.
«Eduardo ha sido víctima de amenazas por su labor. Exigimos conocer sobre su paradero. (…) Ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra», dijo la ONG.
Con información de EFE
Niegan recepción de habeas corpus
Señaló que miembros de su equipo legal estuvieron «a las puertas del Palacio de Justicia, Caracas, esperando la ‘autorización superior’ que permita la consignación de un recurso de habeas corpus».
Sin embargo, sobre las 20:00 (00:00 GMT) y «tras más de siete horas en el Palacio de Justicia», la ONG denunció que la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Carolina Molinos, se «negó a recibir» el recurso, lo que, aseguró, confirma «la política de Estado de negar la admisión» de ‘habeas corpus’ e «incluso en casos urgentes como este».
El abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea -que se encontraba en el lugar junto con la esposa de Torres, Emiselys Núñez-, dijo que «no es posible que se siga manteniendo esta política de no aceptar los habeas corpus», ya que «es un derecho de las víctimas y una obligación del Poder Judicial», por lo que hizo un llamado a los colegios de abogados del país a que la rechacen.
ONG rechazan desaparición de Torres
Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Espacio Público y Laboratorio de Paz, también exigen información sobre su paradero.
La ONG Fundaredes denunció que «muchos defensores están siendo silenciados de manera arbitraria e injusta, incluyendo» su «director, Javier Tarazona, quien está reso desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Helicoide», del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Según Provea, Torres es «beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH)».
