(Fuente: El Carabobeño) El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ha ratificado que su objetivo como organización es elaborar y divulgar indicadores económicos, para los que no emplea información confidencial.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X (Twitter), la ONG resaltó que con datos públicos realizan estudios que sirven a analistas en la evaluación de la situación que vive la economía venezolana, además señalaron que medio precios no es un delito, sino una necesidad.
Con estas actividades, la ONG puede contar con Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Indicador Mensual de Actividad Económica, el Indicador de Remuneraciones de los Trabajadores y la Encuesta de Expectativas Económicas.
Los números de inflación que se definen con el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en Venezuela que publica el OVF se obtienen a través de INPC con la aplicación de la fórmula del Índice de Laspeyres, que considera variables como el precio actual del bien, el precio del año base y la cantidad consumida.
Con información de El Carabobeño
Se trata de una fórmula que es universalmente empleada. “Usamos la Encuesta de Presupuestos Familiares del BCV para obtener las ponderaciones de los grupos de alimentos y servicios que conforman el Índice y los precios se obtienen online en establecimientos con una muestra al igual que en mercados”, explicó el economista José Guerra.
El OVF no tiene incidencia en incremento de precios
El también profesor universitario detalló que el OVF no tiene ninguna responsabilidad en el aumento de los precios. Simplemente mide lo que los venezolanos sienten en sus bolsillos.
Este comunicado surgió después de que el OVF denunciara el viernes 13 de junio lo que calificó como una escalada de persecución, hostigamiento y criminalización contra personas dedicadas a producir y difundir información estadística relacionada con la economía venezolana.
La organización expresó su “más enérgico rechazo” ante las recientes detenciones y desapariciones de individuos vinculados al trabajo técnico y consultivo en materia económica. A juicio del OVF, este tipo de acciones atenta directamente contra la transparencia, la libertad académica y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
