El presidente Gustavo Petro, en un giro significativo en su política de seguridad, solicitó el 21 de agosto de 2025 que el Estado colombiano y la comunidad internacional consideren a la Junta del Narcotráfico, junto con bandas como las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, como organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta.
En un discurso transmitido por Caracol Radio, Petro anunció que instruyó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para iniciar un proceso contra los dirigentes de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico por «delitos contra la humanidad cometidos sistemáticamente en Colombia». Además, afirmó que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación por hechos ocurridos antes y durante su gobierno, argumentando que «demuestran que son criminales de guerra, acuden al terror y son criminales contra la humanidad».
Contexto de la solicitud: Escalada de violencia y presión internacional
Esta solicitud ocurre tras dos ataques terroristas en Amalfi, Antioquia, y Cali, Valle del Cauca, que llevaron al general Luis Emilio Cardozo a ordenar un acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del Ejército Nacional. Petro, enfrentando críticas por su manejo de la seguridad, busca reafirmar su compromiso contra el narcotráfico y el terrorismo, en un momento donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, evalúa la relación entre estos atentados y el ataque a Miguel Uribe Turbay, según elpais.com.co.
La decisión de Petro también responde a un contexto internacional donde EE. UU. ha desplegado destructores como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, un escuadrón anfibio y un submarino nuclear clase Virginia en el Caribe, acusando a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, designado organización terrorista global. La recompensa por Maduro se elevó a 50 millones de dólares, mientras Jorge Rodríguez lanza amenazas desesperadas.
