La ONG Amnistía Internacional ha presentado su Informe Anual 2025/26 «La situación de los derechos humanos en el mundo», en el que advierte que en Venezuela persiste una política sistemática de represión que detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, cometidos con “impunidad prácticamente total”.
Según el documento, el régimen de Nicolás Maduro continuó utilizando “el aparato estatal, incluyendo fuerzas de seguridad e inteligencia, el sistema judicial y leyes restrictivas, junto con grupos de civiles armados”, para reprimir, silenciar y castigar cualquier disidencia real o percibida, incluyendo opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
Con información de Efecto Cocuyo
Aunque las detenciones arbitrarias fueron menores que en 2024 (tras las protestas postelectorales), al cierre de 2025 al menos 806 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas en situación de desaparición forzada. La organización documentó que cientos de personas fueron sometidas a procesos judiciales sin garantías mínimas: defensores públicos ineficaces, tribunales especiales antiterrorismo, falta de acceso a las acusaciones y violaciones sistemáticas del debido proceso.
“La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, señala el informe. AI destaca que no hubo avances significativos en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela I y que la impunidad se mantiene.
Ley de Amnistía selectiva
La organización también critica la implementación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026. Aunque permitió la liberación de cientos de presos políticos (Foro Penal verificó alrededor de 117 excarcelaciones en diciembre de 2025), su aplicación ha sido arbitraria y selectiva: muchas solicitudes fueron rechazadas sin explicación clara, y algunos beneficiarios vieron revertidas sus medidas.
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente.
Otros puntos clave:
Libertad de expresión: Hasta octubre de 2025 se registraron 217 ataques contra la libertad de expresión. Periodistas y medios independientes fueron blanco de detenciones, desapariciones temporales y censura digital. amnesty.org
Defensores de DD. HH.: Continuaron las persecuciones contra activistas. Organizaciones como Espacio Público, PROVEA y otras reportaron intimidaciones, criminalización y restricciones mediante la Ley de Supervisión de ONG.
Crisis humanitaria y migración: Unos 7,9 millones de venezolanos han huido del país desde 2015. Casi dos millones de personas dependen de ayuda humanitaria internacional, mientras persisten fallas graves en servicios básicos como agua, electricidad y alimentación.
Otros derechos: No hubo avances en derechos sexuales y reproductivos, ni en la protección de la población LGBTI e indígena. La minería ilegal sigue generando devastación ambiental.
El lanzamiento regional del informe, con foco en Venezuela y Colombia, contó con la participación de representantes de AI como Valentina Ballesta (subdirectora de Investigación para las Américas) y Nastassja Rojas (AI Venezuela), quienes enfatizaron la necesidad de excarcelaciones plenas y el fin de la represión sistemática.
Amnistía Internacional insta al gobierno venezolano a poner fin inmediato a las violaciones, garantizar justicia para las víctimas y respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Colombia y Venezuela son los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos a causa de la violencia por el conflicto armado, en el primer caso, y por la «represión estatal», en el segundo, advirtió este martes Amnistía Internacional (AI).
«Colombia y Venezuela son países de especial preocupación: son los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico», explicó AI en su informe.
Amnistía Internacional expuso su preocupación respecto a la política de ‘paz total’, que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro, porque las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas «seguían sin estar claras durante 2025».
