La activista y miembro de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo reflexiona sobre las acciones arbitrarias y violatorias de derechos humanos relacionadas al caso de los 14 funcionarios de la Policía de chacao que fueron secuestrados, maltratados y torturados por el régimen de Nicolás Maduro a partir del 2016 como consecuencia de la injusta acusación del asesinato del periodista Ricardo Durán, quien estaba relacionado al oficialismo. 

A través de una entrevista con Dossier Venezuela, Tineo denuncia que el caso de estos funcionarios forma parte del patrón que se ha documentado de violaciones de derechos humanos en Venezuela, recordando que los funcionarios fueron citados a una entrevista en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), encuentro que terminó con la detención de los 14 funcionarios. 

“Esta entrevista derivó en la detención de estas personas y sometidas a, lamentablemente, este patrón que se ha documentado de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, de detención arbitraria, lamentablemente, episodios de tortura física y psicológica para los detenidos y una violación flagrante a todas las normas relativas al debido proceso, al punto que habiéndose declarado o decretado su libertad, hubo una negación por parte del cuerpo de seguridad en el cual estaban recluidos, me refiero al Sebin, de proceder a la excarcelación de estas personas, aun cuando había sido ordenada procesalmente”, señaló Tineo. 

La detención de estos funcionarios no tiene motivos políticos directos en contra de ellos, sino que forman parte, según lo descrito por la defensora, de un marco de control de la narrativa política del régimen, un esquema que va a un punto mucho más peligroso sobre todos los venezolanos: la instrumentalización y la aplicación de la teoría del “enemigo interno” impuesta por el chavismo. 

Hace 10 años Venezuela iniciaba a cruzar el peligroso umbral de la crisis humanitaria que actualmente es conocida, escasez de alimentos, colapso de los servicios eléctricos, agua potable, además existía un colapso institucional provocado por los choques de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo. El punto de ebullición se liberaba a través de protestas que regularmente se desarrollaban en el municipio de Chacao, una zona que se transformó en un santuario contra las represiones de las policías adscritas al Ejecutivo. 

Chacao ha sido históricamente liderado por políticos opositores, siendo en ese momento Ramón Muchacho, quien había impartido directrices a los policías para proteger el derecho a la protesta pacífica. Todo lo anterior no era del agrado del régimen. 

“No necesariamente porque estas personas sean consideradas opositoras o disidentes al gobierno venezolano, sino porque la detención de esas personas de alguna manera soporta una narrativa que desde el poder se crea desde esa lógica del enemigo interno (…) este caso denominado caso Polichacao, de alguna manera ilustra esto que estoy mencionando, o había una estrategia de intervenir las policías municipales, más el municipio Chacao, municipio donde se realizaban de forma permanente manifestaciones contra el gobierno nacional, y la manera de intervenir a esa policía municipal era implicar a un grupo de funcionarios en la supuesta comisión de un crimen que desde el inicio se sabía que estas personas no habían tenido ninguna participación en ese asesinato”, analizó Martha Tineo. 

El contexto 

El colapso político, económico, social y humanitario en Venezuela en el 2016 mantuvo a la ciudadanía en un modo constante de supervivencia, haciendo malabares entre largas colas en los supermercados y su vida cotidiana, mientras el sueldo se escapaba como arena entre las manos, además del ecosistema represivo y los altos niveles delictivos instalados en todo el territorio, por lo cual, a modo de opinión de este periodista, el caso de estos funcionarios no tuvo la relevancia mediática que merecía y esto hasta cierto punto le favoreció al régimen. 

Tineo también señala que el término “emergencia humanitaria compleja” usado sobre Venezuela es un eufemismo, porque es parte de una crisis hecha por diseño, a través de las consecuencias políticas públicas con el verdadero objetivo de ejercer un control hacia la población venezolana. 

“Entonces vemos que en momentos de absoluta crisis, en ese momento estábamos en medio del desabastecimiento, como bien tú lo planteas, empieza a evidenciarse, a impactar duramente las consecuencias de esa emergencia humanitaria, un empobrecimiento sostenido de la población venezolana y pues esta decisión de intervenir las policías municipales tenía una lógica y era precisamente hacerse del control absoluto de la seguridad en Venezuela a partir de cuerpos de seguridad tal como la Policía Nacional Bolivariana, de control, de adscripción al Ministerio de Relaciones Interiores y también las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad lista para el control de manifestaciones, porque de nuevo empieza a resentir seguramente la población venezolana como consecuencia de la emergencia humanitaria, de la crisis de derechos humanos que había, del desabastecimiento, del hambre, la desesperación y legítimamente la población venezolana se iba, se volcaba a las calles pues a manifestar pacíficamente”, explicó. 

El caso de los funcionarios de la Policía de Chacao no fue la primera vez que el régimen aplicó sus políticas de represión, es parte de un paso que tomó adelante de los crímenes de lesa humanidad contra las protestas del 2024, donde se asesinó al menos 43 personas y se ejecutó la detención masiva de activistas y dirigentes políticos. 

Estas acciones que aumentaron con el tiempo, citando como ejemplo la represión, la persecución y el asesinato de ciudadanos en el 2017 o la persecución voraz contra la población luego del fraude electoral del 2024, recuerdan que la fiscalía de la Corte Penal Internacional considera que en Venezuela ya no se cometen violaciones de derechos humanos, sino crímenes de lesa humanidad. 

Torturas y malos tratos: un posible manual

La detención de los funcionarios no quedó ahí, la aplicación de malos tratos y torturas físicas y mentales no se hicieron esperar, porque el objetivo del régimen era coaccionarlos para acusar al alcalde Muchacho de ser parte del asesinato del periodista Durán. Las víctimas han relatado que la asfixia mecánica, palizas, amedrentamiento, aplicación del hacinamiento, aislamiento, condiciones insalubres y exposición a escuchar torturas a terceros fueron parte de las torturas que sufrieron en la sede del Sebin conocida como La Tumba y en el centro El Helicoide. 

“Lo hemos visto y lamentablemente, y por eso se ha hablado, insisto, de un patrón. Vemos que esto ocurre de forma, ha ocurrido de forma sostenida a lo largo de estos por lo menos los últimos 12 años en Venezuela. Vemos palizas, vemos descargas eléctricas, vemos asfixia, ahogamiento, es decir, son esas mismas prácticas de tortura que luego la propia Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha documentado, ha determinado en sus informes”, denunció Tineo. 

La defensora alerta que estas violaciones serían parte de un “manual de torturas” impuesto en Venezuela, porque víctimas de diferentes detenciones relatan los mismos patrones, siendo incluso documentados en las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es algo que se ha documentado desde el año 2014. 

“Por eso podemos hablar de una política de Estado, de un patrón, porque lo mismo que pasaba en el 2014, pasaba en el 2016, en el 2017, en el 2019, en el 21, en el 23, en el 24. Entonces te das cuenta que es una política que no eran hechos aislados, no fue que pasó en un momento, pero luego ya no ocurrió más y por eso es que ya se supera el umbral de violaciones a derechos humanos.

Venus Medina: víctima de la tortura blanca y la ruptura del vínculo materno 

La funcionaria Venus Medina fue parte de este terrible caso, secuestrada en El Helicoide, fue expuesta al hacinamiento, luz blanca constante, condiciones insalubres que atentan con la dignidad de una mujer, escuchar las torturas de terceros, comida descompuesta, además de la separación de su familia, en específico de su hijo de cinco años. 

Tineo explica que la no aplicación de maltratos físicos directos forman parte de los que se denomina como “tortura blanca”, una acción que infringe un gran daño emocional y trae consigo consecuencias fisiológicas que vienen acompañadas con ataques de pánico, insomnio y el deterioro de la integridad física y emocional de las víctimas. 

Medina ha denunciado públicamente que la parte más dura de su secuestro fue la separación de su hijo, señalando el dolor que no solo producía en ella, sino en su hijo que no podía entender la situación injusta en la que se encontraba. 

“Tal cual lo dices, aquí hay un impacto diferenciado porque al final, no solamente ya el hecho monstruoso de privar arbitrariamente libertad a una persona, de someterlo a este tipo de tortura, sino además de impedir el cuidado de sus hijos. No solamente estás impidiendo a la madre estar con sus hijos y el cuidado de sus hijos, sino que además estás violando el derecho de esos niños a estar junto a sus madres, a ser cuidados por su madre y a ellos también se les está impactando de forma emocional. Escuchábamos a Venus como decía que su hijo le pedía volver a casa, el daño emocional que se ha causado ese niño, también tiene que ser evaluado, tiene que establecerse responsabilidades, él también es víctima o fue víctima o lo es todavía claramente de estos crímenes”, señaló Tineo. 

La defensora también explica que la denuncia constante y testimonio público de Venus Medina representa todos los abusos, torturas y malos tratos a los que son expuestas las presas políticas en Venezuela.

Tineo va más allá y denuncia las condiciones a las que están expuestas las mujeres secuestradas por el régimen, resaltando que muchas de ellas están siendo sometidas a torturas como palizas y hechos aberrantes que reciben los hombres, sin embargo siguen expuestas a agresiones que van relacionadas con su género. 

“Me refiero entonces a lamentablemente violencia sexual, tocamientos, además, todo lo que tiene que ver con la degradación o el intento de degradación su condición de mujer, insultos, atendiendo a ofensas peyorativas por la condición de mujer, la permanente amenaza y vuelvo, la violencia sexual de las que lamentablemente muchas presas políticas en Venezuela han sido víctimas (…) el impacto en el caso de las mujeres es diferenciado precisamente por la condición de género y el que una mujer sea igualmente torturada con las mismas prácticas de tortura contra un hombre, pues ya vuelvo, es absolutamente aberrante”, alertó. 

Policía de Chacao vs. el régimen

En mayo de este año se realizó la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso contra el Estado de Venezuela, donde se presentaron los testimonios de Fred Mavares, Venus Medina y Alfredo Chirinos, pero la representación del régimen eligió no ir. 

Esta audiencia posicionó el caso de los polichacao en la palestra pública y mediática, recordando que la futura sentencia de la Corte IDH será parte de las obligaciones que tiene el Estado venezolano con el sistema interamericano y las víctimas que han recurrido a este espacio para denunciar los crímenes en su contra. 

“Ahora, también es importante señalar que lamentablemente el Estado venezolano tiene una deuda enorme con el Sistema Interamericano. Hay casos mucho más antiguos, pudiéramos hablar del caso Linda Loaiza, por ejemplo, en el que el Estado fue también condenado por violaciones a los derechos humanos, en el que se estableció justamente fórmulas de reparación integral a la víctima, acciones que el Estado venezolano tenía que implementar, para reparar integralmente a la víctima, y el Estado venezolano no ha cumplido”, explicó Tineo.