Las organizaciones Defiende Venezuela e InSight Crime presentaron los resultados de una investigación conjunta sobre la Operación Zaraza 2024, un operativo de seguridad desplegado por el Estado venezolano en comunidades rurales de Miranda y Guárico durante agosto de 2024, en el que documentaron graves violaciones de derechos humanos contra la población civil, incluyendo el bombardeo aéreo de sectores habitados.
El hallazgo más grave corresponde al 13 de agosto de 2024, cuando aeronaves militares bombardearon las comunidades de Boca de María, Boca de Paria y El Jobito, en el municipio Acevedo del estado Miranda. El ataque dejó varias personas heridas, entre ellas un adolescente con lesiones de extrema gravedad en el rostro que le provocaron pérdida parcial de la visión.
Con información de Monitoreamos
Violencia que no se detuvo en el aire
Los operativos terrestres posteriores incluyeron, según los testimonios recopilados, violencia física y psicológica contra los habitantes, detenciones sin orden judicial, destrucción de bienes, allanamientos ilegales, desplazamiento forzado de familias campesinas y amenazas contra miembros de las comunidades afectadas. La investigación se construyó a partir de testimonios de víctimas y testigos, evidencia documental, material audiovisual y verificación técnica en terreno.
Los hallazgos fueron difundidos en el reportaje «Operación Zaraza: bombardeos, abusos y rebelión criminal en la Venezuela chavista», publicado conjuntamente por ambas organizaciones. A casi dos años de los hechos, las víctimas continúan sin acceso a mecanismos efectivos de justicia, reparación ni garantías de no repetición.
«La Operación Zaraza dejó profundas consecuencias humanas en comunidades rurales que han permanecido fuera del debate público nacional. Esta investigación busca preservar la memoria de las víctimas, visibilizar los abusos documentados y contribuir a los esfuerzos de rendición de cuentas», señaló Defiende Venezuela, que exhortó a las autoridades venezolanas a iniciar investigaciones independientes e imparciales, garantizar reparaciones integrales a las víctimas y llamó a los mecanismos internacionales a mantener el monitoreo de la situación.
Un episodio más que se suma a la larga lista de violaciones de derechos humanos que el chavismo cometió contra comunidades rurales venezolanas, y que hasta hoy sigue sin tener responsables señalados.
