La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) confirmó que realizará una auditoría sobre los fondos generados por las exportaciones petroleras de Venezuela, actualmente administrados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
La revisión fue solicitada el 17 de abril de 2026 por legisladores demócratas, entre ellos los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine, y los congresistas Joaquin Castro y Sean Casten, quienes expresaron preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la ausencia de un plan claro para la transición democrática en Venezuela.
Con información de Efecto Cocuyo
Qué abarca la auditoría
La revisión examinará las actuaciones del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y el Departamento del Tesoro en la implementación de la Orden Ejecutiva 14373, firmada el 9 de enero de 2026 por Donald Trump. Esa orden estableció un mecanismo para que los ingresos del petróleo venezolano se depositaran en cuentas bajo control estadounidense, inicialmente en Qatar y posteriormente en bancos de Estados Unidos, incluido Nueva York.
Tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en enero de 2026, la administración Trump asumió el control temporal de las ventas de crudo venezolano. Los primeros envíos generaron alrededor de 500 millones de dólares, que pasaron por una cuenta en Qatar supervisada por Washington, de la cual una parte se transfirió para pagar salarios del sector público venezolano.
La GAO evaluará los procedimientos de desembolso, la supervisión de los recursos, la estructura financiera utilizada y la participación de empresas a las que se levantaron sanciones, además de examinar posibles riesgos de fraude, abuso o falta de rendición de cuentas.
Dudas sobre la supervisión existente
La firma KPMG fue contratada previamente para realizar auditorías trimestrales de estos fondos, incluyendo una revisión retrospectiva, pero persisten dudas sobre si esa supervisión privada resulta suficiente. Por eso, legisladores demócratas impulsan el proyecto de ley Venezuela Oil Proceeds Transparency Act, que busca obligar a una auditoría independiente de la GAO. Hasta el momento, no se han reportado posiciones públicas firmes de legisladores republicanos sobre esta revisión específica.
La GAO, considerada un organismo no partidista y «perro guardián» del Congreso estadounidense, suele aceptar este tipo de solicitudes y publicará sus hallazgos en los próximos meses. El caso se da en medio de un debate más amplio sobre el control temporal de los recursos soberanos venezolanos durante la fase de transición política, con el objetivo declarado de evitar desvíos y apoyar la estabilización económica del país.
