Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos para exponer un balance sobre la situación institucional y humanitaria en Venezuela que no dejó espacio para eufemismos.
Dib recordó que durante las últimas dos décadas el chavismo desmanteló progresivamente las instituciones democráticas venezolanas, con el Poder Judicial capturado y el Consejo Nacional Electoral bajo control del Ejecutivo. Esa arquitectura de poder, señaló, permitió una política sistemática de persecución con fines políticos, detenciones arbitrarias y desaparición forzada que la misión de determinación de hechos de la ONU ha calificado como crímenes de lesa humanidad.
La directora de WOLA detalló que tras la proclamación de la fraudulenta victoria de Maduro en julio de 2024, la autoridad competente nunca presentó las actas de escrutinio, mientras los resultados publicados de forma independiente mostraban un triunfo opositor por un margen amplio. La represión que siguió a las protestas dejó más de 2.000 detenidos, incluidos niños.
Una apertura que no es transición
Dib reconoció que la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero abrió una salida a la parálisis política posterior a 2024 y permitió la liberación de más de 700 presos políticos. Sin embargo, fue categórica: «Esto todavía no se ha traducido en una transición democrática genuina».
La directora cuestionó la instalación de Delcy Rodríguez como encargada del régimen mediante la figura de «ausencia forzada», que no existe en la Constitución venezolana, y precisó que incluso bajo la interpretación más flexible, su período venció el 2 de julio sin que se convocara elección alguna. Mientras tanto, más de 500 personas permanecen presas por razones políticas, las leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes y los partidos políticos continúan sujetos a intervención judicial.
El terremoto como espejo institucional
Sobre los sismos de junio, Dib fue directa: «El terremoto reveló la urgencia del retorno al estado de derecho», en un país que ya atravesaba una emergencia humanitaria prolongada, producto de años de corrupción y desinstitucionalización. Antes del sismo, la ONU estimaba que 7,2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, aunque solo el 23% del plan de respuesta contaba con financiamiento. Cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país, entre ellos personal médico e ingenieros que hacen falta ahora más que nunca.
Dib instó a los legisladores a utilizar la relación de Washington con las autoridades venezolanas para exigir pasos concretos y verificables: la liberación incondicional de los presos políticos, la derogación de la ley antiONG y otras normas usadas para criminalizar a la sociedad civil, el acceso territorial pleno para mecanismos internacionales de derechos humanos, la restitución de las libertades de prensa y una hoja de ruta creíble hacia el orden constitucional.
También solicitó mantener el financiamiento a programas de derechos humanos y democracia para Venezuela, ejercer supervisión sobre los recursos petroleros venezolanos retenidos por el Departamento del Tesoro, y continuar exigiendo respeto a los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos en territorio estadounidense.
«Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes», concluyó, recordándole al Congreso que las expectativas depositadas en el papel de Estados Unidos en ese proceso son enormes.
