Radiografía de los colectivos en Venezuela: ONU retrata el apoyo del régimen a estos grupos armados

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La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU elaboró un informe especial sobre el papel de los colectivos, que en el país han sido una especie de fuerza de choque diseñada desde el chavismo para apoyar la represión en distintos momentos de conflictividad social.

Con información de El Pitazo

El documento de 110 páginas, elaborado con testimonios incluso de integrantes de estos grupos, los define en tres tipos: históricos, los de fuerza de choque y los mixtos, donde tras el paso del tiempo y el apoyo logístico, de financiamiento y gubernamental se crearon desde dentro de cuerpos de seguridad.

La investigación específica sobre los colectivos concluyó que estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social, explicó la Misión sobre la forma de cómo operan estas organizaciones.

Señalaron que tienen diferentes grados de apoyo dentro de las instituciones del Estado, «y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con autoridades estatales y fuerzas de seguridad. La superposición es tal que miembros de esas fuerzas se han incorporado a grupos civiles armados y, a la inversa, integrantes de esos grupos han pasado a formar parte de organismos estatales».

Entre las figuras que han dado respaldo a estas organizaciones nombran a Freddy Bernal, identificado como una figura histórica desde Caracas para la articulación de esos grupos; a Iris Varela en su papel de ministra del Servicio Penintenciario, a quien señalaron de participar «directamente en la creación y formación de estos grupos, liberando y armando a reclusos que se encontraban cumpliendo penas privativas de libertad, incluyendo miembros de los ‘pranes’”; así como de gobernadores en regiones del país como Táchira, donde actualmente está Bernal, así como Miranda, Caracas y La Guaira, donde «también controlaban sus propios grupos».

Otras figuras del régimen que están implicadas

El exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, es nombrado como una figura central en la constitución de los colectivos mixtos como parte del desarrollo de las llamadas OLP (Operación Liberación del Pueblo), responsable de ejecuciones extrajudiciales en una supuesta política para disminuir la delincuencia.

Los llamados colectivos mixtos, dijo la Misión de la ONU, «se formaron para el control y la represión. A diferencia de otros grupos, estos colectivos fueron conformados con apoyo de las autoridades estatales para ejercer control territorial bajo sus indicaciones, recibiendo por ello un mayor apoyo por parte de los organismos de seguridad del Estado».

Después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por fuerzas militares estadounidenses, el papel de estos grupos no ha desaparecido, sino que se adaptó a las nuevas circunstancias políticas del país.

«Los colectivos tuvieron inicialmente una reacción de movilización: realizaron caravanas y concentraciones y algunos grupos se desplegaron en Caracas y otras ciudades. Posteriormente, la actividad visible disminuyó, pero el informe no interpreta ese repliegue como desmantelamiento», destacó el documento de la Misión.

Entre las actividades que han realizado desde entonces están el patrullaje, vigilancia vecinal, inteligencia y control de economías locales, aunque comenzaron a relacionarse con el nuevo escenario político de una manera distinta.

«Esto tiene una consecuencia analítica importante: la capacidad de estos grupos no dependería exclusivamente de ocupar formalmente posiciones dentro del Gobierno. Su arraigo territorial, redes comunitarias, acceso previo a recursos y conexiones con funcionarios les permitirían conservar capacidad de acción incluso cuando cambia el liderazgo nacional», aseguró la Misión.

La Misión destacó que lograron conocer información de la articulación del colectivo La Piedrita con Delcy Rodríguez, en su rol de encargada del poder en el país, y el ministro, Diosdado Cabello, a fin de evitar «enfrentamientos entre colectivos y autoridades».

En su investigación, los expertos de la ONU identificaron pruebas de relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional. «Tuvo motivos razonables para creer que el Gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, facilitando así su extensa participación en el aparato represivo estatal», señalaron.

Tipos de colectivos venezolanos

La Misión señaló tres tipos de colectivos denominados como grupos armados paraestatales, con un papel principal en la represión contra la disidencia, opositores y manifestantes en contra del chavismo.

Colectivos históricos. Los definieron como «grupos de civiles armados, provenientes de los barrios populares del oeste de la ciudad de Caracas –especialmente la Parroquia 23 de Enero, que son el resultado de procesos de transformación de antiguas guerrillas, datando en su mayoría de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado».

Entre ellos nombraron a La Piedrita, Coordinadora Simón Bolívar, Alexis Vive y el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez.

«A diferencia de otros grupos, debido a sus orígenes históricos, este tipo de colectivos están fuertemente ideologizados, con un proyecto social de base que encuentra un nuevo acomodo del proyecto de “Revolución Bolivariana” promovido originariamente por el Presidente Hugo Chávez. Estos grupos históricos aún conservan parte de su discurso ideológico y han manifestado públicamente su apoyo a la ‘revolución’”.

Colectivos fuerza de choque. «Son convocados de manera ad hoc por las autoridades para participar en acciones de represión política, en función de las necesidades operativas o de control identificadas en cada contexto», explicó la Misión.

De ellos destacaron que operan en conjunto con los llamados colectivos históricos en diversos momentos cuando los convocan a tareas específicas.

«Los grupos de choque se fortalecieron a partir de la crisis política de 2007 y, especialmente, la de 2019, cuando se extendieron por gran parte del país. Por lo general, realizan tareas de respaldo a las fuerzas de seguridad en el control de las protestas, aunque también fueron incorporados por las autoridades en la implementación de operativos conjuntos de seguridad contra el crimen organizado o “limpieza social”, como las Operaciones de Liberación del Pueblo y operativos posteriores».

Son llamados para actividades de represión, incluso responden a funcionarios de alto nivel. «Estas mismas autoridades son las que les dotan del apoyo logístico y material para el desempeño de sus funciones incluyendo armas, motocicletas y equipos de radio», resaltó la Misión.

Grupos armados progobierno

Colectivos mixtos. Explicaron que se trata de «grupos armados progobierno establecidos tras la crisis política, económica y de seguridad de 2014, por revestir éstos características híbridas en su composición de civiles y funcionarios de seguridad del Estado. Estos colectivos se formaron para el control y la represión. A diferencia de otros grupos, estos colectivos fueron conformados con apoyo de las autoridades estatales para ejercer control territorial bajo sus indicaciones, recibiendo por ello un mayor apoyo por parte de los organismos de seguridad del Estado».

Entre sus características está el poder de fuego que tienen por estar «fuertemente armados», ejercer violencia extrema en las tareas de represión, con la diferencia que no tienen raíces históricas ni ejercen funciones sociales o comunitarias.

Su nacimiento se originó en las OLP y miembros de estos grupos se incorporaron a grupos policiales como las antiguas FAES, ahora DAET.

Así operaban los colectivos en diferentes momentos de crisis política y social en el país, según el informe de la Misión de la ONU

«Un caso notable de incorporación de integrantes de colectivos a fuerzas de seguridad es el caso Andrium Domingo Ugarte Ferrera, alias ‘Heiker Vázquez’, quien, además de ser jefe del colectivo Tres Raíces, ejercía también el cargo de supervisor jefe al interior de la FAES de la PNB», mencionaron.

Otro fue José Miguel Domínguez Ramírez, quien salió también de Tres Raíces, para ser director general de las FAES y posteriormente de la DAET. «En la actualidad, Domínguez se desempeña como subdirector del Sebin. La Misión tiene motivos razonables para creer que Freddy Bernal fue clave en la incorporación de estos integrantes de colectivos en las fuerzas de seguridad», destacaron.

El papel y responsabilidad del Estado

La Misión dijo que algunas medidas tomadas por Delcy Rodríguez han buscado limitar el financiamiento de estas agrupaciones, pero alertaron que «recibió también información sobre la incorporación de personas vinculadas con estructuras criminales a dispositivos de seguridad relacionados con la entonces Vicepresidencia», sin embargo hicieron la salvedad de que «no pudo verificar de manera independiente todos los elementos de esta información ni determinar todavía el alcance de la relación entre el Gobierno interino y los colectivo».

De acuerdo con los expertos de la ONU para Venezuela, la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos por estos grupos a partir del año 2014 y a la fecha es del Estado por darle amparo, logística, financiamiento y dotarlos para la represión estatal.

«Independientemente de la atribución o no de conductas específicas de los colectivos al Estado, la Misión considera que el Estado es responsable de los abusos a los derechos humanos cometidos por estos grupos en virtud del incumplimiento de su obligación de debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos abusos».

Además, agregaron que «tiene motivos razonables para creer que, en un número significativo de los casos, las actuaciones de los colectivos fueron perpetradas como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política de Estado para silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno del presidente Maduro».

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