La represión contra la libertad de expresión se intensificó en Venezuela durante 2024, año marcado por la polémica reelección de Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude y persecución a la disidencia. Así lo revela el más reciente informe anual de la organización no gubernamental Espacio Público, publicado este viernes, en el que se registraron 99 detenciones por emitir opiniones, lo que representa un alarmante aumento del 254% con respecto a los 28 casos reportados en 2023.
Según el reporte, 71 de las personas detenidas fueron ciudadanos particulares, mientras que 24 correspondieron a periodistas y trabajadores de la prensa. El resto de las detenciones afectaron a miembros de organizaciones no gubernamentales y empleados públicos. En al menos 28 casos, las detenciones ocurrieron por el uso de redes sociales o internet, y 36 personas fueron acusadas de instigación al odio, una figura penal ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos por su uso político.
“Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión”, advierte el documento, que destaca la instrumentalización del miedo como mecanismo de control social.
Represión electoral
El informe subraya que el proceso presidencial del 28 de julio de 2024, en el que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral dominado por el chavismo, marcó un punto de quiebre en el deterioro de las libertades fundamentales en el país.
“Durante el período previo y posterior a las elecciones, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y allanamientos a viviendas de figuras opositoras”, sostiene la ONG.
Espacio Público denuncia que este clima de hostigamiento generalizado buscó “socavar la legitimidad del proceso electoral y silenciar cualquier forma de disidencia”, lo cual incluyó una escalada represiva contra activistas, periodistas y dirigentes políticos opositores.
Legislación regresiva y criminalización de ONG
Otro aspecto que agrava el contexto, según la organización, es la aprobación de leyes restrictivas, entre ellas la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, sancionada por la Asamblea Nacional oficialista en agosto de 2024.
Esta legislación “concretó la ilegalización de organizaciones de la sociedad civil”, desnaturalizando el derecho a la asociación, al imponer restricciones que violentan principios fundamentales de autonomía e independencia.
Balance parcial de 2025: 93 violaciones documentadas
En lo que va de 2025, Espacio Público ha registrado 93 violaciones a la libertad de expresión en el primer trimestre, una leve disminución de 7,9% en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, la organización sostiene que el descenso no implica una mejora, sino una consolidación del escenario restrictivo, en el que medios, activistas y ciudadanos enfrentan una censura sistemática y una criminalización del discurso crítico.
Uno de los hechos más emblemáticos de la ofensiva contra la libertad de expresión fue la detención de Carlos Correa, director de Espacio Público, quien permaneció nueve días arrestado entre el 7 y el 16 de enero de 2025, tras ser presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo. Su caso fue denunciado ampliamente por ONG nacionales e internacionales, partidos políticos y activistas, quienes señalaron el carácter arbitrario e intimidatorio del proceso.
