Un tribunal federal de Argentina tramita la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014. En el centro del proceso figura el ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encontraría en España y enfrenta cargos de asesinato.
Las movilizaciones de 2014 representaron una de las mayores oleadas de protesta popular contra el régimen de Nicolás Maduro. Iniciadas en enero en la ciudad de Mérida, se extendieron por todo el territorio venezolano impulsadas por el descontento ante la crisis económica, la escasez de productos básicos, los altos índices de criminalidad y el deterioro de las libertades civiles.
El saldo fue demoledor: al menos 43 muertos, más de mil heridos y 3.123 detenidos. La OEA, la Unión Europea y la ONU condenaron la violencia y exigieron una salida pacífica al conflicto.
La GNB fue el cuerpo de seguridad con mayor presencia operativa durante aquellas jornadas. Según datos de la ONG Manifestar, más del 80% de las protestas reprimidas fueron pacíficas. Los agentes no solo emplearon equipos antimotines, sino también armas de fuego y sustancias tóxicas. Solo el 12 de marzo de ese año, efectivos de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana detonaron al menos 2.310 bombas lacrimógenas para contener una manifestación.
Con información de Infobae
Geraldin Moreno, el rostro de la represión
Entre las víctimas de aquella represión estaba Geraldin Moreno Orozco, estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años asesinada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en febrero de 2014 en el estado Carabobo, mientras participaba en una protesta. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de aquel ciclo de violencia estatal.
Su madre, Rosa Orozco, es una de las víctimas representadas por la organización InterJust en el proceso judicial que avanza en Argentina, y lleva más de una década exigiendo justicia.
«Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune. Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia», declaró Orozco.
El camino legal: jurisdicción universal
La causa que hoy apunta a Verdú Torrelles tiene su origen en junio de 2023, cuando InterJust presentó ante un tribunal federal argentino una denuncia penal contra 14 oficiales de la GNB por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2014. El proceso se enmarca en la figura de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar delitos graves cometidos fuera de sus fronteras, independientemente de la nacionalidad de las víctimas y los acusados.
La cadena de acciones legales se aceleró a comienzos de este año. En febrero, tras recibir información que indicaba que Verdú Torrelles se encontraba en territorio español, el juez a cargo de la causa dictó la orden de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente el pedido a las autoridades españolas y en marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso. El expediente se encuentra ahora ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 2 de la Audiencia Nacional, donde deberá resolverse si el ex coronel es entregado a la justicia argentina.
«Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas», afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust. El abogado subrayó que una resolución favorable pondría fin a años de impunidad y serviría como recordatorio de que no debe haber refugio seguro para los responsables de crímenes internacionales.
Impunidad con fecha de vencimiento
La represión de 2014 no fue un episodio aislado. Aquellas jornadas sentaron las bases de una escalada sin antecedentes en la historia contemporánea del país: los ciclos de protestas de 2017 y 2019 fueron igualmente aplastados con violencia, y el régimen de Maduro mantuvo y profundizó sus mecanismos de control contra la población civil.
Frente a la imposibilidad de obtener justicia en Venezuela, la jurisdicción universal en tribunales extranjeros se consolidó como uno de los pocos caminos disponibles para las víctimas. InterJust instó a las autoridades españolas a cooperar plenamente con el proceso y conceder la extradición, para que Argentina pueda proceder al juicio de Verdú Torrelles con pleno respeto al debido proceso y las garantías judiciales.
