Se cumplen 245 días de la detención arbitraria del abogado y dirigente opositor Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado, sin que hasta la fecha sus familiares hayan tenido acceso a él. Así lo denunció su esposa, María Constanza Capriani, en una entrevista concedida a La Tarde de NTN24, donde detalló el calvario que atraviesa su familia desde el 27 de agosto de 2024.
Capriani, visiblemente conmovida, fue contundente al calificar la situación como una desaparición forzada, ya que, asegura, no ha recibido ninguna llamada de su esposo ni ha podido visitarlo. “Al yo no tener contacto directo con él, que soy su familiar, esto se define como una desaparición forzada”, expresó.
La abogada denunció que, desde el día de su arresto por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, no ha tenido ninguna garantía mínima sobre su paradero ni sobre su estado de salud. “Yo ni siquiera he tenido derecho a una llamada de mi esposo y mucho menos una visita. Lo que más me preocupa es su estado de salud, pero ni siquiera un médico tratante ha tenido derecho a ver a Perkins”, sostuvo.
Capriani hizo énfasis en la falta de acceso a derechos básicos, incluso en condiciones extremas: “Hasta en los países en guerra hay reglas, pero en Venezuela nada se cumple”. Aseguró además que los medicamentos y alimentos que les entregan a las autoridades no tienen garantía de llegar a manos de Rocha: “No hay certeza de que le entreguen los medicamentos y alimentos que los familiares les llevamos”.
El caso de Perkins Rocha se suma a una larga lista de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que han sido denunciadas por organismos de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela. El dirigente, clave en el equipo jurídico del comando de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia, fue detenido en el marco de una ofensiva represiva tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La situación de Rocha ha sido reiteradamente denunciada por la Plataforma Unitaria Democrática, el Colegio de Abogados de Venezuela y diversas organizaciones de derechos humanos como parte de un patrón sistemático de criminalización de la disidencia política.
“Seguimos esperando justicia. Pero sobre todo, seguimos esperando verlo, saber cómo está, que lo dejen hablar, que lo dejen vivir”, concluyó María Constanza Capriani, quien ha insistido ante la comunidad internacional para que interceda por la libertad inmediata de su esposo.
